El Departamento de Estado designó el 6 de agosto de 2026 a 5 entidades y 8 funcionarios cubanos por su papel en la compra, importación, reparación y modernización de armamento procedente de Rusia y China para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
6 incorporaciones nuevas y 2 designaciones ampliadas
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al régimen cubano de funcionar como plataforma de operaciones para Rusia, China e Irán a noventa millas de las costas estadounidenses. Las trece designaciones se sustentan exclusivamente en tratos con Moscú y Pekín.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó 6 nombres nuevos a la Lista de Nacionales Especialmente Designados. Óscar Enrique Biosca Gallego, general de brigada al frente de la Dirección Económica de las FAR. Mónica Milián Gómez, coronel y agregada militar, naval y aérea en Moscú, única mujer del paquete. Waldo Pérez Cortés, coronel y agregado militar en Pekín. José Antonio Remón Rodríguez, director de Relaciones Exteriores del MINFAR. Heriberto Sánchez Alleyne, general de brigada y director general de Tecnoimport. Roberto Jesús Viciana Mousset, general de brigada y director general de la Unión de Industria Militar.
Los otros dos nombres corresponden a designaciones ampliadas. Álvaro Victoriano López Miera, ministro de las FAR, y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General, ya figuraban en la lista desde 2021 bajo la Ley Global Magnitsky, el primero desde el 22 de julio y el segundo desde el 19 de agosto, ambos por la represión de las protestas del 11 de julio de aquel año.
Lo que ocurrió este 6 de agosto fue la adición de la etiqueta de la Orden Ejecutiva 14404 sobre un listado que permanecía vigente. La distinción cambia el efecto práctico. Sus bienes ya estaban bloqueados, pero lo que se activa ahora es el mecanismo de riesgo para terceros que la orden de mayo introdujo. Como curiosidad, el propio registro del Tesoro corrigió ese día la fecha de nacimiento de Legrá Sotolongo, que pasó de un genérico 1955 al 5 de junio de 1954, y confirmó Baracoa como su lugar de origen.
La arquitectura legal
La Orden Ejecutiva 14404 crea un programa de sanciones bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, separado y adicional a las Regulaciones de Control de Activos Cubanos que rigen el embargo desde hace seis décadas.
Autoriza el bloqueo de cualquier persona extranjera que opere en los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros o seguridad de la economía cubana; que sea propiedad o actúe en nombre del Gobierno cubano o de un designado previo; que haya prestado apoyo financiero, material o tecnológico a cualquiera de ellos; o que resulte responsable de abusos graves de derechos humanos y de corrupción vinculada a Cuba.
La disposición de mayor alcance vive en la Sección 4. El Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, queda facultado para sancionar a cualquier institución financiera extranjera que haya realizado o facilitado una transacción significativa en nombre de un bloqueado bajo esta orden.
Las medidas disponibles van desde prohibir o condicionar la apertura y el mantenimiento de cuentas corresponsales o de tránsito en Estados Unidos hasta el bloqueo directo de la propia institución. Es la primera vez que la política cubana de Washington incorpora un régimen de sanciones secundarias del tipo que ya se aplica a Irán, Rusia y Corea del Norte.
La firma King & Spalding lo describió como un cambio fundamental en la capacidad del gobierno estadounidense para aplicar su política cubana de forma extraterritorial, y Mayer Brown advirtió que la orden amplía de manera significativa la exposición al riesgo de empresas y bancos extranjeros.
La guía posterior de la OFAC extendió ese perímetro. La respuesta 1258, publicada el 4 de junio, establece que el riesgo alcanza a cualquier entidad participada en un cincuenta por ciento o más, directa o indirectamente, por GAESA, el MININT o el MINFAR, aunque esa entidad nunca aparezca por su nombre en la lista. Muchas de las empresas recogidas en la Lista de Entidades Restringidas de Cuba del Departamento de Estado quedan dentro de esa descripción.
Las dos listas conservan naturaleza jurídica distinta, con efectos distintos para personas estadounidenses, y lo que se ha igualado es el riesgo que corre quien opera desde fuera de Estados Unidos.
Las empresas señaladas
Tecnoimport, filial de GAESA constituida el 1 de enero de 1995, importa productos técnicos incluido equipamiento militar en nombre del MINFAR y adquirió equipos militares en China y Rusia. Tecnotex, también filial de GAESA y activa desde el 13 de septiembre de 1983, fue designada por estar controlada por el Gobierno cubano y por participar en el reacondicionamiento de la flota cubana de helicópteros de origen ruso.
El Departamento de Estado añade que cooperó anteriormente con Corea del Norte. La Unión de Industria Militar, matriz del complejo industrial-militar cubano desde 1988, aparece señalada por producir y reparar armamento para las FAR y por participar en esfuerzos de modernización de sistemas de armas de origen ruso en cooperación con entidades de defensa rusas. La Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, fundada el 10 de mayo de 1966, repara helicópteros y aeronaves de ala fija.
La quinta entidad es la anomalía del paquete. Sociedad Mercantil Duna S.A. quedó constituida el 11 de noviembre de 2022, hace menos de cuatro años, y el Tesoro la clasifica como comercio mayorista no especializado sin marcarla como empresa estatal, a diferencia de las otras cuatro. Washington la vincula a la entrada en Cuba de equipamiento militar procedente de China y Rusia. Una sociedad tan reciente y con perfil corporativo tan distinto dentro de una red de adquisición de armamento merece atención propia.
La excepción humanitaria del mismo día
La OFAC publicó el 6 de agosto, junto con las designaciones, la respuesta 1264, que apenas circuló en la cobertura de prensa. El texto declara que las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 preservan los canales de alimentos, medicinas y dispositivos médicos a Cuba, y que el gobierno estadounidense mantiene una postura de no persecución hacia personas extranjeras que realicen esas operaciones, incluso cuando la transacción involucre a un designado o a una entidad participada por él en un cincuenta por ciento o más.
La misma respuesta anuncia que Washington trabaja en operacionalizar cien millones de dólares en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano canalizada a través de organizaciones independientes. Para personas estadounidenses, la vía sigue siendo la Licencia General 1 emitida el 7 de mayo, que preserva lo autorizado o exento bajo las regulaciones del embargo.
El matiz corrige la lectura de cerco absoluto. La presión se dirige al aparato militar y empresarial del Estado, con una puerta declarada para el flujo humanitario.
El acumulado de 2026
Las designaciones de agosto cierran una secuencia mensual:
-El 7 de mayo cayeron GAESA y la minera Moa Nickel S.A., junto a la presidenta ejecutiva del conglomerado, la general Ania Guillermina Lastres Morera.
-El 18 de mayo llegaron altos oficiales de la inteligencia cubana.
-El 4 de junio se designó al MINFAR como institución, además de Minera La Victoria, los Comités de Defensa de la Revolución, el ICAP, la agencia Amistur y un grupo de figuras que incluye a Miguel Díaz-Canel.
-El 23 de junio entraron Rafin S.A., el Banco Financiero Internacional, Almacenes Universales, Geominera y la Empresa Siderúrgica José Martí. En julio la ofensiva alcanzó al comercio exterior, al transporte marítimo, al turismo y a las misiones médicas.
Reportes independientes cubanos sitúan el acumulado por encima de doscientas cuarenta sanciones desde enero.
GAESA sigue siendo el paraguas de casi todo lo designado. El conglomerado que Raúl Castro fundó en 1995 y que Luis Alberto Rodríguez López-Calleja dirigió durante veintiséis años quedó en manos de Lastres Morera tras la muerte del padre del Cangrejo el 1 de julio de 2022, primero de forma interina y luego con la ratificación de febrero de 2023.
La respuesta de La Habana, ausente el día de las sanciones
El gobierno cubano guardó silencio ante las designaciones del 6 de agosto. La retórica oficial de los meses previos había sido creciente. El canciller Bruno Rodríguez calificó las medidas de castigo colectivo y de crimen, y el viceministro Carlos Fernández de Cossío describió las sanciones de julio como una guerra abierta contra todo el pueblo.
El efecto práctico de la ronda de agosto se juega lejos de La Habana.
Mira más contenido político en Fdh Canal
Biografía de los sacionados descarcale aquí:
Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
