Habitaciones de 400.000 a 750.000 dólares, hoteles de hasta 150 millones, una ocupación del 21,5% y una caída del 55,8% en las llegadas de 2026. La Habana abre la inversión a “externos” mientras blinda a GAESA y corteja al capital del Golfo a través de un intermediario egipcio, Ahmed Faisal.
El dueño que no aparece
El Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, pertenece a las Fuerzas Armadas y controla entre el 40 y el 70 por ciento de la economía cubana. El secretario de Estado Marco Rubio cifró sus activos en 18.000 millones de dólares en mayo de 2026, mientras la investigadora Emily Morris, con documentación filtrada, los sitúa por debajo del millardo.
La discrepancia forma parte del diseño, porque las finanzas de GAESA operan como secreto militar y quedan fuera del alcance de la Contraloría General de la República. Su filial turística, Gaviota, administra más de 120 hoteles y acumula 4.261 millones de dólares en activos hoteleros, el triple del presupuesto anual de salud. El Estado cubano reúne tres papeles a la vez, propietario de los activos, regulador que fija las condiciones y árbitro de cualquier disputa.
Los hoteles vacíos
El negocio se sostiene sobre habitaciones desocupadas. En el primer semestre de 2025 la ocupación promedió 21,5 por ciento, con el 78,5 por ciento de las camas vacías. Las llegadas internacionales pasaron de 4,2 millones en 2019 a 2,2 en 2024 y a 1,81 en 2025, el nivel más bajo desde 2002. Los primeros cuatro meses de 2026 sumaron 328.608 visitantes, una caída del 55,8 por ciento.
Meliá cerró el primer trimestre de 2025 con 40,5 por ciento de ocupación y un RevPAR un 20,8 por ciento menor que el año anterior. La construcción siguió contra toda lógica de mercado, con el 37,6 por ciento de la inversión estatal destinada a hoteles en 2021, once veces lo invertido ese año en salud y educación juntas, y el 37 por ciento del total en 2024 pese a una ocupación del 24,2 por ciento.
El disparador: la Orden Ejecutiva 14404
La Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump en mayo de 2026, designó a GAESA bajo sanciones y fijó el 5 de junio como plazo para que las empresas extranjeras liquidaran sus vínculos con el conglomerado. La salida fue inmediata. La canadiense Blue Diamond cesó sus 62 propiedades, Iberostar abandonó 12 de sus 18 hoteles y Meliá dejó de gestionar 15, en todos los casos los vinculados a Gaviota. El Estado quedó como administrador de más de 50.000 habitaciones que no puede llenar, mantener ni comercializar en los sistemas globales de reserva.
La apertura de 2026 y a quién apunta
En junio de 2026 el régimen aprobó un paquete de 176 medidas con banca privada, compraventa de acciones de empresas estatales y entrada de capital privado en la energía. En abril había creado por decreto una condición migratoria de inversor para los cubanos residentes en el exterior, oficializada en la Gaceta el 5 de mayo. El esquema de arrendamiento operativo, estrenado por Iberostar en Varadero con efecto desde el 1 de enero de 2026, permite que una cadena arriende el inmueble, pague renta al Estado y opere con autonomía. Cada pieza conserva intacta la propiedad estatal y entrega operación, una autonomía que termina donde empieza el patrimonio.
El precio descarta al emigrado
Una habitación de gama alta arranca en 400.000 dólares y un complejo de lujo supera los 60 millones, cifras fuera del alcance de cualquier cubano de la diáspora que trabaje y ahorre. Los analistas describen el decreto de inversores como inviable, y el límite que señalan pasa por las garantías y la confianza, con la disponibilidad de capital en segundo plano.
El dinero capaz de cubrir esos montos vive fuera de Cuba y buena parte está en manos de la propia cúpula, colocado en sociedades de GAESA en Panamá y en estructuras del entorno del poder registradas en lugares como Nevada. La hipótesis que ordena este análisis sostiene que la condición de inversor para residentes en el exterior funciona como la puerta para que ese capital regrese rotulado como extranjero y opere activos que siguen perteneciendo al Estado.
El Golfo y el arquitecto egipcio
El vector que el régimen trabaja con más cuidado es el del Golfo, y su cara visible apareció en junio. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, ofreció su primera entrevista internacional al diario emiratí The National junto al viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Méndez, para vender la apertura.
Preguntado por el futuro de GAESA, Méndez respondió con una frase que vale como declaración de intenciones, “No creemos que la cuestión sea revisar ningún grupo empresarial o entidad en particular”. El conglomerado militar queda fuera de revisión mientras se abren turismo, minería, banca e inmobiliario.
La entrevista sirvió de marco para anunciar los acuerdos firmados con el grupo dubaití Abdulla Ali Bin Haidar. El enlace es Ahmed Faisal, empresario de origen egipcio a quien los funcionarios cubanos llaman el arquitecto, presentado por The National como el intermediario discreto entre Cuba y los países del Golfo.
Los memorandos cubren turismo con dos acuerdos, además de aviación y el sector farmacéutico. El proyecto insignia contempla un complejo de lujo de dos torres con cúpulas doradas en Cayo Santa María, sobre terreno arrendado al Estado, con la intención de bautizarlo Trump Island y una gestión que ya contactó a la organización del presidente estadounidense por los derechos del nombre. En paralelo, el grupo egipcio Mag, de Mohamed Atta Gad, firmó con la minera estatal Commercial Caribbean Nickel para evaluar el níquel de Cajálbana, en Pinar del Río. Atta Gad fijó la única condición que importa, las sanciones de Estados Unidos como obstáculo central.
Cuánto costaría Trump Island y una red que no aguanta
El proyecto carece de cifra pública. Bin Haidar reconoció que no ha asignado un monto hasta ver cómo avanza. La aritmética de referencia, con los costos cubanos de más de 750.000 dólares por habitación en categoría de lujo y la marca internacional por encima del millón, ubica un complejo de dos torres entre unos 450 millones de dólares en su versión conservadora y más de mil millones en la ambiciosa, con todo el material importado y un sobrecosto por sanciones y logística de isla. El tamaño, el monto y la marca siguen sin ser públicos, de modo que la cifra opera como estimación y no como dato del proyecto.
El renglón que decide la viabilidad vive fuera del edificio. El 23 de junio de 2026 Cuba disponía de 1.215 megavatios en el horario pico frente a una demanda de 3.250, con el 64 por ciento del país a oscuras, y en marzo el sistema nacional colapsó por completo dos veces.
Un resort de lujo de esta escala consume varios megavatios continuos entre climatización, cocinas, piscinas y desalación, una carga que la red cubana no sostiene. El inversor tendría que aislarse con su propia central de energía solar, baterías y respaldo diésel, sumar una planta desalinizadora y tratamiento de aguas, y asumir entre 60 y 120 millones de dólares solo en autonomía de servicios. El complejo deja de ser un hotel y pasa a ser infraestructura energética pagada por capital extranjero en un país que no puede costearla.
Ese desenlace encaja con la estrategia declarada. Cuba abrió en junio el sector eléctrico a nuevos actores, incluida la inversión extranjera, y publicó exenciones fiscales de hasta ocho años para quien importe e instale energías renovables, en un sector que hasta ahora controlaba el Estado en exclusiva.
El capital del Golfo llega con agenda propia de energía renovable. La hipótesis que se desprende sostiene que la entrada de los socios árabes traería el financiamiento de la infraestructura que el régimen no tiene, con el resort como vehículo. Una cláusula formal que obligue a Bin Haidar a financiar la red no consta, y el diseño completo apunta en esa dirección.
¿Por qué llamarle Trump Island?: El nombre como anzuelo
El nombre no salió de Trump. Lo propuso el grupo Bin Haidar, que contactó a la Organización Trump por los derechos de la marca, y del lado estadounidense nada está aprobado. Hoy “Trump Island” es una etiqueta que el promotor árabe colocó sobre un proyecto que todavía no existe, sin un sí de por medio.
La elección cumple una función táctica. Trump tiene un historial conocido de licenciar su apellido a torres y resorts a cambio de regalías, y un proyecto que lleva su nombre lo convierte de obstáculo en parte interesada. El hombre que firmó la Orden Ejecutiva 14404, la que asfixia a GAESA, pasaría a tener un interés de negocio en que ese complejo se levante. Y levantarlo exige que las sanciones se relajen. El nombre alinea el incentivo del presidente con el deseo del régimen.
Hay una segunda capa, la del ruido. El apellido garantiza titulares en todo el mundo, justo lo que un proyecto sin financiamiento, sin permisos y sin un ladrillo necesita para existir en el plano simbólico. Le pusieron el nombre de la única persona con poder para levantar las sanciones, y que además monetiza su marca, para transformarla de enemigo en socio.
El cierre lo dice todo. El régimen que construyó su identidad insultando a Estados Unidos durante sesenta años hoy quiere ponerle el nombre Trump a una torre en un cayo, con tal de que entre el dinero.
La jugada táctica del apalancamiento
La estrategia que ordena estos movimientos descansa en una distinción. Un grupo con dinero es un cliente, y un grupo respaldado por petrodólares soberanos es un actor que el otro lado tiene que tomar en cuenta. La operación habitual consiste en montar sociedades en terceros países, Panamá, Brasil, los Emiratos, donde el inversor del Golfo coloca capital junto a un testaferro vinculado a la cúpula, un familiar o un socio de confianza, y la estructura llega a Cuba como inversión extranjera con peso geopolítico propio.
El Reino Unido ofrece la medida del alcance de ese capital, con Catar y los fondos de Abu Dabi adquiriendo activos trofeo en Londres con escasa resistencia política. Estados Unidos opera con otras prioridades, y la apuesta cubana consiste en instalar un interés del Golfo lo bastante material como para que retirarlo resulte costoso.
Lo que falta para que cambie el tablero
El punto de giro pasa por el hecho consumado y por el enredo de intereses, con el cabildeo del Golfo a favor de Cuba en un lugar secundario, porque la isla pesa poco frente a la relación de Riad y Abu Dabi con Washington.
Capital del Golfo instalado de forma visible encarece cualquier reversión, y el caso Trump Island lleva esa lógica al extremo. El día que la organización del presidente conceda los derechos del nombre, el conflicto deja de ser una abstracción geopolítica y se convierte en un interés de negocio del propio Trump entrelazado con capital árabe en suelo cubano. Esa configuración resiste mejor cualquier presión que llegue desde el sur de la Florida.
Por ahora todo es carta de intención y memorando condicionado. Mientras las sanciones sigan vigentes, ningún grupo del Golfo ha puesto un dólar en la isla y los proyectos viven en bocetos y comunicados.
El cambio de tablero llega el día en que un actor petrolero del Golfo coloque capital real a través de esta estructura, con la propiedad en manos del Estado-cúpula y un interés extranjero pesado instalado para defenderla. Ese día la política de sanciones deja de operar sobre un régimen aislado y empieza a operar sobre una red que incluye al Golfo y, si Trump Island prospera, a la propia marca del presidente que las firmó.
Fuentes: The National, 14ymedio, elTOQUE, CiberCuba, Diario de Cuba, El País, The Miami Herald, Unión Eléctrica (UNE), MINCEX y MINTUR. Datos a junio de 2026.
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Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
