Cuba cerró abril de 2026 con 1.250 presos políticos verificados, la cifra más alta registrada por la organización Prisoners Defenders desde que lleva sus conteos mensuales. En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó 1.281 casos y denunció torturas físicas y psicológicas cometidas principalmente por agentes estatales. En julio, al cumplirse cinco años de las protestas del 11J, Human Rights Watch contabilizó cerca de 800 personas encarceladas por motivos políticos, casi la mitad por haber salido a la calle aquel día.
El régimen cubano sostiene que ninguna de esas personas existe como categoría, que en la isla hay delincuentes comunes y nada más. Entre esas dos afirmaciones, el registro documentado y la negación oficial, se despliega la historia de una de las instituciones más persistentes de la Revolución cubana, un sistema que ha cambiado de métodos, de lenguaje y de escenografía manteniendo siempre el mismo propósito.
Qué es el presidio político
El presidio político excede a la cárcel con disidentes dentro. Es un dispositivo completo de castigo, aislamiento y control donde la privación de libertad está vinculada, de forma directa o encubierta, al desafío al poder. Conviene distinguir tres términos que suelen confundirse.
El preso político es la persona encarcelada por sus ideas, su actividad, su pertenencia o mediante delitos aplicados selectivamente para neutralizarla, y el criterio decisivo es la motivación real de la persecución.
El prisionero de conciencia constituye una categoría más estricta, empleada por Amnistía Internacional para quien está preso únicamente por sus convicciones o su identidad y jamás promovió ni usó violencia.
El presidio político nombra el sistema entero, con sus cárceles, sus normas, sus tribunales, la vigilancia sobre las familias, los castigos y las negociaciones estatales.
La definición relevante trasciende el nombre del delito. Un Estado puede condenar a alguien por desacato, desórdenes públicos, propaganda enemiga, instigación, sedición o ultraje a los símbolos patrios. La pregunta analítica es otra. ¿Habría sido investigada, juzgada y castigada de igual modo esa conducta si la persona hubiera guardado silencio sobre el poder?
Lo que vuelve político al presidio es la selectividad, la desproporción, la ausencia de garantías y el propósito de excluir a alguien de la vida pública. El sistema cumple al menos cinco funciones simultáneas. Castiga al disidente concreto, intimida a quienes podrían imitarlo, desorganiza redes de familias, colectivos y medios, produce una narrativa estatal que convierte a los opositores en delincuentes comunes, y permite negociar excarcelaciones o exilios negando siempre el carácter político de la prisión.
Las bases del presidio cubano posterior a 1959 se formaron muy temprano. En los primeros años coexistieron los juicios a funcionarios y militares del régimen de Batista con la criminalización progresiva de opositores revolucionarios, anticomunistas, católicos, campesinos alzados, periodistas e intelectuales, y más tarde de ciudadanos sancionados por intentar salir del país.
La Comisión Interamericana documentó cómo la legislación de 1959 a 1963 amplió los castigos contra la contrarrevolución, incorporó confiscaciones, pena de muerte para actos de sabotaje y prisión para objetores de conciencia, junto al uso de tribunales revolucionarios, fusilamientos y trabajo forzado.
Las cifras de aquella etapa exigen prudencia porque son objeto de disputa metodológica e historiográfica y dependen de fuentes parciales, sin un registro público, completo e independiente que permita un total incontestable. Fuentes de distinta procedencia coinciden, sin embargo, en la escala masiva del fenómeno.
Una síntesis recogida por Refworld atribuye al propio Fidel Castro el reconocimiento de 20.000 presos políticos en 1965. Human Rights Watch citó al historiador Hugh Thomas, quien subrayó la imposibilidad de precisión absoluta y estimó alrededor de 2.000 ejecuciones hacia comienzos de 1961 y quizá 5.000 hacia 1970. La historiografía penitenciaria identifica campos de trabajo como Guanahacabibes, activo entre 1960 y 1961, y calcula que entre 1959 y enero de 1967 más de 15.000 personas ingresaron al presidio de Isla de Pinos por delitos políticos.
De aquellos años surgió también la figura moral del plantado, el preso que rechazaba el uniforme, el trabajo, las consignas y los programas de reeducación, y que recibió como respuesta la privación de derechos, condiciones severas y malos tratos que Amnistía Internacional documentó durante décadas. El lenguaje oficial de la época era frontal. Se hablaba de contrarrevolucionarios, mercenarios, bandidos y enemigos, y el presidio se presentaba como defensa revolucionaria ante una amenaza interna y externa.
Lo que cambió y lo que permanece
La continuidad más importante entre aquella etapa fundacional y el presente es la penalización de la oposición. El cambio decisivo está en los métodos. La represión masiva, abiertamente contrarrevolucionaria y con un componente de violencia extrema, dio paso a una represión juridificada, selectiva, digitalmente administrada y sensible al costo internacional de cada caso.
La Cuba actual prescinde de los grandes campos de reeducación visibles y de las formas más explícitas de violencia política de los años sesenta porque dispone de otras herramientas. Tipificaciones penales elásticas, detenciones breves y repetidas, vigilancia, regulación de internet, procesos de baja transparencia, beneficios revocables, presión sobre las familias y destierro negociado componen hoy el arsenal.
El perfil del detenido también mutó. Donde antes había exfuncionarios de Batista, alzados y objetores, hoy hay manifestantes del 11J, periodistas independientes, artistas, activistas comunitarios y defensores de derechos humanos. El lenguaje estatal sustituyó la contrarrevolución por la delincuencia común, el desorden, el mercenarismo y el financiamiento externo.
La herramienta jurídica pasó del tribunal revolucionario y la ley de excepción al Código Penal ordinario, con delitos de orden público, desacato y sedición aplicados de forma selectiva y calculada. Human Rights Watch ha señalado que los tribunales cubanos permanecen subordinados al poder ejecutivo, sin garantía efectiva de juicios públicos e imparciales, y que las familias de los presos políticos enfrentan el acoso del Estado.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en seis décadas, el problema recuperó una escala inédita. Dos años después de las manifestaciones, las organizaciones de derechos humanos contabilizaban más de 700 personas aún encarceladas por ellas, incluidas más de 70 mujeres, con incomunicación periódica, malos tratos y tortura en algunos casos.
Prisoners Defenders registró 1.148 presos políticos al cierre de noviembre de 2024, cifra que la Comisión Interamericana recogió en su balance anual junto a la denuncia de falta de información oficial sobre paraderos, limitaciones de agua potable, comida, atención médica y visitas. La distinción de atribución importa. El conteo lo produce la sociedad civil y el organismo interamericano lo valida y lo cita, mientras el Estado cubano rechaza la categoría entera.
La excarcelación contemporánea rara vez equivale a libertad. En enero de 2025, tras un acuerdo con Estados Unidos mediado por el Vaticano en los últimos días del gobierno de Biden, el régimen anunció la excarcelación de 553 presos y liberó a cerca de 200 encarcelados por motivos políticos. Amnistía Internacional describió el proceso como opaco, sin criterios claros y con condiciones arbitrarias, y Justicia 11J documentó que muchos liberados quedaron bajo beneficios revocables, restricciones de movimiento, citaciones y amenaza explícita de retorno a prisión. Los meses siguientes confirmaron la advertencia.
José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro volvieron a ser detenidos por causas que incluyeron ausencias a citaciones judiciales y publicaciones en redes sociales. El indulto de más de 2.000 presos anunciado en abril de 2026, presentado hacia el exterior como gesto humanitario, excluyó a cientos de detenidos por motivos políticos. La cárcel, en la fórmula cubana contemporánea, se prolonga extramuros.
Las redes cambiaron la economía del presidio
Durante décadas, la suerte de un preso político cubano dependió de visitas, cartas clandestinas, exiliados, radios de onda corta y organizaciones internacionales. Hoy una detención puede hacerse pública en horas mediante videos, denuncias de familiares, listas de presos y campañas transnacionales en tiempo real. Esa visibilidad produce documentación inmediata, internacionaliza los casos y eleva el costo de una golpiza, una desaparición prolongada o una condena abiertamente desproporcionada.
Genera al mismo tiempo una vulnerabilidad nueva. La huella digital facilita la vigilancia, las campañas de difamación, los cortes de conectividad y el hostigamiento a familiares. Amnistía Internacional reportó en 2026 operaciones de la Seguridad del Estado contra familiares de presos de conciencia, con cercos policiales, vigilancia permanente y restricciones ilegales de movimiento. Las redes vuelven el presidio más visible y convierten, a la vez, la reputación del preso en un nuevo frente de batalla. El caso más elocuente de esa doble condición lleva nombre propio.
La prostitución política como nueva arma de inteligencia para la dictadura
Luis Manuel Otero Alcántara, supuesto artista de performance, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando “intentaba” sumarse a las protestas. El Tribunal Municipal Popular de Centro Habana lo condenó el 24 de junio de 2022, dentro de la Causa No. 12/2022, a cinco años de privación de libertad por desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado, en un proceso que Amnistía Internacional vinculó a su obra, sus publicaciones críticas y su participación en protestas pacíficas. La organización lo reconoció como preso de conciencia y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que su privación de libertad fue arbitraria.
El 7 de julio de 2026, dos días antes del vencimiento de su sanción, la Seguridad del Estado lo sacó de Guanajay y lo trasladó a un lugar que su familia desconocía. El propio Otero reveló después dónde estuvo. La Seguridad del Estado lo mantuvo en una vivienda cerca de Guanabo, con conversaciones grabadas, cerveza y whisky de por medio, mientras se tramitaba el parole humanitario que Estados Unidos aprobó el 17 de julio. Llegó a Miami el 18 de julio de 2026, ty su discurso ha sido grotesco y sin sentido desde el primer minuto, aprovechando todo lo que generó su caso para vender como obras, dibujos que incluso, son cuestionable varios de ellos por su autoría.
Su experiencia condensa una paradoja del presidio contemporáneo. La alta visibilidad internacional puede ofrecer cierta protección y permite al Estado, simultáneamente, administrar el caso con más cálculo y detectar individuos, digamos, medianamente corrompibles a cambio de una vida que jamás han tenido.
Su llegada a Miami pasó en días de la recepción de héroe al torbellino digital, con un sinnúmero de entrevistas y apariciones desacertadas que generaron un caos, oportunamente, ideal para el régimen cubano.
Tratar bien para desacreditar
La hipótesis merece formularse con rigor, dentro de los límites de lo que permite la evidencia pública. La existencia de una orden específica destinada a tratar bien a Otero Alcántara para hacerlo quedar mal ante el exilio sigue siendo indemostrada. Sí puede sostenerse que un régimen con fuerte control de la información tiene incentivos claros para el manejo diferenciado de sus figuras más visibles, y se ve claro, aunque no se puede afirmar de manera absoluta, cómo el régimen detectó antes que la propia oposición, los intereses reales de este preso político.
Ahora, la eficacia de esa dinámica opera con independencia de cualquier colaboración del preso, una acusación que requeriría evidencias extraordinarias y jamás debe deducirse de un testimonio incómodo. Depende únicamente de que el Estado consiga desplazar la conversación desde la injusticia del presidio hacia la disputa moral sobre la conducta individual del excarcelado. En el caso Otero, el desplazamiento se consumó con precisión.
La dureza selectiva
Al régimen le conviene la desigualdad de trato porque forma parte de su tecnología de control. Un preso conocido tiene embajadas pendientes de su salud, cobertura de prensa y organizaciones capaces de verificar datos. Un preso anónimo enfrenta un aislamiento mayor, con familiares de menos recursos, lejanía geográfica y escasa posibilidad de que una golpiza o una denegación médica genere costo diplomático. Amnistía Internacional informó que presos de conciencia como Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Sayli Navarro denunciaron denegación de llamadas, visitas, comida, medicinas y atención médica, además de golpes, amenazas y procedimientos judiciales adicionales.
Human Rights Watch documentó en 2025, a partir de entrevistas con excarcelados de ocho prisiones, golpizas frecuentes contra quienes coreaban Patria y Vida, aislamientos prolongados, infecciones sin tratar y métodos de tortura como la llamada bicicleta. El caso de un preso visible funciona como la excepción mejor administrada del sistema.
La realidad del pasado y presente
La historia del presidio político cubano combina una continuidad estructural con una transformación táctica. La continuidad es la negación del pluralismo y el uso del aparato penal contra quienes desafían el monopolio político. La transformación responde a un entorno de mayor escrutinio internacional, diáspora digital y redes sociales, y por eso el régimen combina hoy encarcelamiento, judicialización, vigilancia, control de reputación y exilio condicionado.
El cubano de hoy, reformado en una estructura mental ideada para sobrevivir, hace que los interes personales y las garantías propias elevan la balanza a mediar y aprovechar las redes digitales como bono a una mejor vida a cambio de un poco de apariencia. A la inversa, la ausencia de fama vuelve al preso anónimo más vulnerable y su sufrimiento igual de político.
Mira más contenido político en Fdh Canal
Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
