Las hostilidades abiertas entre Estados Unidos e Irán han vuelto a una fase de máxima intensidad tras el colapso del Memorando de Entendimiento firmado en junio y el anuncio de la reanudación formal de operaciones militares por parte de Washington.
Una tregua anunciada como paz, colapsada como pausa táctica
El Memorando de Entendimiento de junio fue presentado como una “hoja de ruta hacia la paz” y como un primer paso para poner fin al conflicto. En realidad, se trataba de un acuerdo limitado y frágil. Se sabía que ese acuerdo se diluiría como papel en agua, casi literal.
Su eje era la reapertura del Estrecho de Ormuz y la garantía de tránsito seguro para buques comerciales, antes que la resolución de los temas que están en el centro de la confrontación: el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la red de alianzas regionales de Teherán. Al dejar intactas las causas profundas, el memorando funcionó como un alto el fuego técnico, lejos de un acuerdo de paz sustantivo.
La desconfianza estructural entre Washington y Teherán terminó de vaciar de contenido el documento. Sectores militares iraníes advertían que el cese al fuego sería utilizado por Estados Unidos e Israel para reorganizar sus fuerzas y preparar nuevas ofensivas. Críticos en Estados Unidos cuestionaban la ausencia de mecanismos robustos de verificación y el hecho de que Irán no se comprometiera a límites claros en su capacidad misilística. Con muchos problemas aplazados y pocos resueltos, el entendimiento estaba condenado a funcionar más como pausa táctica que como salida política.
Bombardeos, drones y una guerra que se regionaliza
El colapso del memorando se produjo en cuestión de semanas. Nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz, ataques y sabotajes contra navíos comerciales y acusaciones cruzadas de violación del alto el fuego detonaron el regreso a la lógica de guerra abierta.
El Comando Central estadounidense (CENTCOM) ha ejecutado al menos tres noches consecutivas de bombardeos sobre posiciones militares e infraestructura crítica en Irán. Los objetivos incluyen bases de la Guardia Revolucionaria, centros de mando y comunicaciones y nodos logísticos vinculados al control del tráfico marítimo en el Golfo.
La narrativa oficial estadounidense habla de “operaciones defensivas” frente a “agresiones iraníes”, pero el efecto es el de una ofensiva sostenida que busca degradar capacidades militares y enviar una señal de fuerza.
Irán ha respondido recurriendo a su arsenal de drones y misiles. La Guardia Revolucionaria ha atacado posiciones estadounidenses y aliadas en países del Golfo, como Baréin y Jordania, y ha interferido directamente con la navegación comercial.
Petroleros y embarcaciones con bandera de distintos países han sido alcanzados, dañados o detenidos bajo el argumento de que desobedecieron las advertencias del régimen. El conflicto ya se proyecta sobre infraestructuras energéticas, rutas comerciales y la seguridad de terceros países atrapados en el fuego cruzado.
Esta regionalización de la guerra incrementa los riesgos de error de cálculo y de escalada involuntaria. Un misil que impacta un buque equivocado, un dron que cruza espacio aéreo de un país que no desea involucrarse o una operación naval mal comunicada pueden precipitar decisiones que desborden los intentos de contención diplomática. Ormuz vuelve a ser un punto de choque entre la primacía militar y la fragilidad del orden internacional.
El “guardián del estrecho” y la tentación del peaje geopolítico
Donald Trump ha anunciado la reactivación del bloqueo naval a los puertos iraníes y la intención de que Estados Unidos asuma el control efectivo del estrecho como su “guardián”. En términos comunicacionales, la fórmula es potente: presenta a Washington como garante de la seguridad de una de las arterias energéticas del planeta. En términos juríicos y políticos, la propuesta abre múltiples conflictos.
El componente más polémico es la idea de cobrar un arancel del 20% sobre el valor de la carga a todo buque comercial que transite por Ormuz, con el argumento de que dicha tarifa financiaría los costos de la operación militar y aliviaría la carga fiscal interna. Es, en esencia, convertir la capacidad de protección —o de coerción— en un mecanismo de recaudación: seguridad convertida en negocio, estrecho convertido en caseta de peaje global.
Irán rechaza frontalmente esta pretensión y la considera una violación directa de su soberanía y de los principios de libre navegación. La medida también incomoda a aliados tradicionales de Washington, a socios europeos y a grandes importadores asiáticos de energía.
Un arancel de esa magnitud encarecería el crudo, afectaría cadenas de suministro y crearía un precedente peligroso: la privatización de facto de una vía estratégica bajo mando militar de una potencia, con capacidad de decidir quién pasa, cuánto paga y en qué condiciones. Lo que hoy se presenta como herramienta para financiar la seguridad puede leerse mañana como instrumento de presión política y económica sobre países dependientes del Golfo.
Israel entre la presión militar y la contención diplomática
Israel ha sido actor central en la configuración de esta guerra desde su inicio. El 28 de febrero, la operación coordinada con Estados Unidos marcó el punto de partida de la campaña contra objetivos en Irán, especialmente aquellos vinculados a capacidades nucleares y misilísticas. Desde entonces, la posición israelí combina dos planos: retórica de máxima presión y gestión diplomática de otros frentes para evitar una implosin regional completa.
En la fase actual, el gobierno de Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz han reiterado que la campaña contra Irán continúa y que las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para “golpear por tercera vez” y con “fuerza aún mayor” si Teherán sigue representando una amenaza estratégica directa. Al mismo tiempo, delegaciones israelíes participan en reuniones bilaterales bajo auspicio estadounidense en Roma y otras capitales europeas para manejar la relación con Líbano y tratar de contener el conflicto con Hezbollah.
El objetivo es evitar que se abra un segundo frente a gran escala mientras continúa la guerra con Irán. Esta estrategia de compartimentación del conflicto —mantener encendida la llama principal, construir cortafuegos donde la situación puede volverse inmanejable— expresa la lógica general de la coyuntura: ningún actor quiere una guerra total regional, pero varios están dispuestos a sostener una guerra de desgaste prolongada.
¿Fracaso estratégico de la política exterior estadounidense?
La pregunta es inevitable. Los grandes objetivos estratégicos que Washington ha sugerido —debilitar de manera decisiva el régimen iraní, frenar su programa nuclear, limitar su influencia regional y asegurar de forma estable el flujo energético por Ormuz— están lejos de haberse cumplido. Irán sigue operando como actor central en varios conflictos indirectos, mantiene capacidades militares relevantes y ha demostrado que puede seguir afectando la navegación en el Golfo.
El Memorando de junio, presentado como “paso histórico” hacia la paz, se derrumbó en semanas. El diseño del acuerdo era débil: excluía asuntos cruciales, se apoyaba en una confianza que no existía y carecía de mecanismos efectivos de garantía y verificación. Era un entendimiento que se sabía frágil. Apostar por un arreglo con tan poco sustento y ver cómo se desploma rápidamente refuerza la percepción de improvisación y de falta de una estrategia clara de salida.
La propuesta del “guardián del estrecho” y del peaje del 20% coloca a Estados Unidos en tensión con Irán y con buena parte del sistema internacional. El mensaje subyacente es que Washington está dispuesto a instrumentalizar su poder militar para definir reglas de tránsito y costos económicos en una vía estratégica global. Esa señal alimenta recelos, incentiva la búsqueda de alternativas y erosiona la narrativa tradicional estadounidense de defensa de la libertad de comercio y navegación.
La administración Trump ofrece otra lectura: la política exterior actual es una respuesta “firme y pragmática” a la ruptura de acuerdos por parte de Teherán. El bloqueo, las sanciones, los bombardeos y la idea de hacer pagar a otros países por la seguridad de sus rutas energéticas se presentan como herramientas para elevar el costo de la confrontación para Irán y para evitar compromisos indefinidos de recursos estadounidenses.
Es la versión de una geopolítica de poder duro con contabilidad fiscal: menos gasto interno, más presión externa. Al día de hoy, sin embargo, la guerra se prolonga, los riesgos en Ormuz aumentan, la estabilidad regional se deteriora y ninguna de las partes parece cercana a un acuerdo robusto. Hablar de fracaso en ese escenario apunta a la combinación de fuerza, sanciones y acuerdos incompletos que no ha producido una solución estratégica duradera.
Escenarios de corto plazo
Mirando al futuro cercano, tres vectores parecen decisivos. El primero es el riesgo de choques navales y error de cálculo. El restablecimiento del bloqueo estadounidense y la negativa iraní a aceptar cualquier autoridad de Washington sobre el estrecho elevan al máximo la probabilidad de incidentes tácticos. La presencia de buques de guerra, drones, misiles antibuque y embarcaciones comerciales en un espacio reducido es terreno fértil para errores que pueden desencadenar decisiones capaces de amplificar el conflicto.
El segundo es la disputa diplomática global por la libertad de navegación. La propuesta del peaje del 20% abre un frente con actores que dependen críticamente del crudo del Golfo. La Unión Europea, China, India y otros países verán con preocupación que la seguridad de sus rutas pueda quedar condicionada a decisiones unilaterales de Washington. El debate sobre quién controla realmente Ormuz, bajo qué reglas y con qué legitimidad se volverá tema central en organismos internacionales y en negociaciones multilaterales.
El tercero es la división interna en Irán. La guerra y las sanciones desgastan al régimen hacia adentro tanto como hacia afuera. Se profundiza la tensión entre facciones que consideran prudente buscar una salida negociada —aunque implique concesiones— y sectores de la Guardia Revolucionaria que apuestan por una guerra de desgaste prolongada, convencidos de que la resistencia preserva la autonomía estratégica. La resolución de esa disputa interna será clave para cualquier esfuerzo serio de desescalada.
La fotografía actual del conflicto muestra una guerra que se prolonga más allá de las expectativas iniciales, un memorando que se demostró insuficiente y una política exterior estadounidense que acumula costos sin alcanzar una victoria clara. La economía política de convertir la seguridad en peaje y el estrecho en frontera arancelaria del siglo XXI define buena parte de lo que está en juego.
Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
