El 13 de julio de 2026 la administración Trump ejecutó la sexta y más amplia ronda de sanciones de su campaña de máxima presión contra Cuba, añadiendo 10 entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que EE.UU. “seguirá utilizando todos los medios a su alcance para hacer frente a las amenazas del régimen comunista cubano”.
La campaña acumulada
Desde enero de 2025, la administración Trump ha ejecutado una estrategia de presión escalonada que acumula más de 240 designaciones. El calendario muestra una progresión deliberada: en mayo se sancionó a GAESA y Moa Nickel, lo que provocó la suspensión inmediata de operaciones de Sherritt Internacional; una segunda tanda en mayo alcanzó a 11 funcionarios, la Dirección de Inteligencia, el MININT y la Policía Nacional Revolucionaria; el 5 de junio fue la fecha límite para cortar vínculos con GAESA, que desencadenó la salida masiva de hoteleras europeas y canadienses; el 10 de junio se sancionó a CUPET; el 23 de junio cayeron cinco entidades financieras de GAESA, incluyendo el BFI y Rafin S.A., y la nuera de Raúl Castro.
La arquitectura sigue una lógica reconocible y bastante clara. Primero se neutralizó la corporación central, luego se secaron sus fuentes de financiamiento, y ahora se corta la logística de entrada y salida de bienes del país. La sexta oleada cierra el cerco sobre el comercio exterior cubano.
Las diez entidades sancionadas
MINTUR (Ministerio de Turismo)
La sanción al MINTUR convierte a todo el aparato institucional del turismo en zona prohibida para operadores extranjeros. El turismo representa entre el 10% y el 15% del PIB cubano y entre el 25% y el 35% de las divisas frescas no procedentes de remesas.
El régimen había planificado recibir 2,2 millones de turistas en 2026 como eje central de su estrategia de recuperación económica. La realidad antes de esta sanción ya era catastrófica: Cuba registró apenas 359.491 visitantes en los primeros cinco meses del año, una caída del 58,4% frente al mismo periodo de 2025, con apenas 30.883 turistas en mayo y una ocupación hotelera del 12,9% en el primer trimestre. Las proyecciones estimaban pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares en divisas turísticas por las sanciones previas a GAESA; la designación directa del MINTUR extiende ese riesgo a toda la cadena institucional del sector.
COREYDAN S.A. y ENETEC S.A. (el combustible)
COREYDAN, fundada el 19 de febrero de 2020, era la válvula de combustible más importante que le quedaba a Cuba. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad la identificó como la importadora de la gran mayoría de los 58 embarques de hidrocarburos enviados por Pemex entre mayo y agosto de 2025, por un valor superior a los 3.000 millones de dólares. México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, había triplicado los envíos de combustible subsidiado a Cuba en sus primeros cuatro meses de gestión.
Su sanción cierra formalmente esa línea de suministro. ENETEC operaba como estructura complementaria para el comercio mayorista de combustibles y lubricantes con mínima exposición pública. Con CUPET sancionada en junio y COREYDAN y ENETEC sancionadas ahora, el 100% del aparato institucional de importación de combustibles queda bajo la lista SDN, sobre una economía que ya soporta apagones de entre 20 y 25 horas diarias como mínimo.
GECOMEX (Grupo Empresarial del Comercio Exterior) y GEMAR (Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario)
GECOMEX gestiona más del 20% de todas las importaciones cubanas e incluye bajo su paraguas a Alimport (importadora de alimentos), Cubaexport y Quimimport (químicos e insumos industriales). Su sanción pone en zona de riesgo todo el proceso institucional de compra de alimentos, medicamentos e insumos para proveedores extranjeros.
Dada la dependencia estructural de Cuba de las importaciones alimentarias —el Plan Económico 2026 proyectaba importaciones de alimentos 288 millones de dólares por encima del estimado para 2025—, el impacto potencial sobre la seguridad alimentaria es considerable.
GEMAR agrupa 32 empresas del sector naval. Su subsidiaria Coral Marítima S.A. acaba de asumir el control de la Terminal de Contenedores del Mariel, el principal hub logístico del régimen por donde transita aproximadamente el 85% de las importaciones cubanas. La sanción llegó dos semanas después de que el régimen reorganizara la gestión de ese terminal bajo GEMAR, lo que analistas interpretan como una respuesta directa y deliberada de Washington destinada a bloquear cualquier reconfiguración de la logística portuaria.
OSDE CAUDAL S.A. (finanzas internas)
Es una Organización Superior de Dirección Empresarial que supervisa un grupo de empresas de seguros y servicios financieros. Su sanción limita la capacidad del Estado de gestionar y reasignar recursos entre empresas bajo su control, impactando la arquitectura financiera interna del régimen.
La sanción a OSDE CAUDAL no bloquea los apuntes contables internos, pero sí rompe el puente entre esa ingeniería financiera y el mundo exterior: complica que esas empresas usen bancos, divisas, seguros y sociedades mixtas sin exponerse a sanciones. O sea, no impide que el régimen mueva dinero “entre ellos”, pero dificulta que convierta esos movimientos en operaciones financieras reales con actores externos.
ANTEX S.A. (Corporación Antillana Exportadora) — el trabajo forzado en África
ANTEX es el brazo ejecutivo de GAESA en Angola y otros mercados africanos. Entre 2013 y 2017 generó para el régimen más de 1.000 millones de dólares en pagos del gobierno angoleño por servicios de salud y construcción.
El Departamento de Estado justificó su sanción por su rol en la “exportación de trabajo forzado cubano a Angola”: el esquema, documentado por investigaciones de elToque y CONNECTAS, consiste en retener entre el 76% y el 91% del salario pagado por Angola, entregando al trabajador apenas 200 dólares de un salario base contractual de 950 dólares mensuales. En agosto de 2025, más de 2.000 médicos cubanos en Angola denunciaron deudas salariales de entre 20.000 y 22.000 dólares cada uno.
BRR, MTT y ACRC: la primera sanción a cuerpos paramilitares
Por primera vez en toda la campaña de máxima presión, Washington sanciona directamente a cuerpos paramilitares civiles. Las Brigadas de Respuesta Rápida fueron los grupos responsables directos de las agresiones físicas contra manifestantes en julio de 2021. Las Milicias de Tropas Territoriales y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana —que agrupa a más de 337.000 miembros retirados de las FAR y el MININT— han sido señaladas repetidamente por hostigamiento sistemático a opositores y disidentes.
El impacto económico directo es limitado, por no decir nulo. Sin embargo, el mensaje político es de largo alcance: Washington construye un registro de responsabilidad institucional que podría ser determinante en eventuales negociaciones o en un proceso de transición.
La elección del 13 de julio como fecha del anuncio fue deliberada: los represores del 11J, no solo los gerentes del régimen, enfrentarán consecuencias individuales.
La trampa del 12 de agosto
El detalle operativo más importante de esta oleada está en las FAQs publicadas por la OFAC el mismo 13 de julio: las empresas extranjeras tienen hasta el 12 de agosto para cerrar transacciones activas con GECOMEX y GEMAR. Este mecanismo replica exactamente el plazo del 5 de junio con GAESA, que desencadenó la salida masiva de hoteleras europeas y canadienses, la suspensión de servicios de Visa y Mastercard y el cese de operaciones de CMA CGM y Hapag-Lloyd.
Dado que GECOMEX concentra más del 20% de las importaciones cubanas y GEMAR controla la terminal logística principal del país, cada entidad que se retire para cumplir el plazo amplifica el impacto de la sanción original mucho más allá de su efecto directo.
El mapa macroeconómico
El régimen cubano proyectó a inicios de 2026 un crecimiento del PIB del 1%, algo surrealista que forma parte de la típica narrativa distorsionada. Los organismos independientes —CEPAL y The Economist Intelligence Unit— estiman una contracción de entre el 6,5% y el 7,2%, lo que ubicaría a 2026 como el año de mayor contracción económica de Cuba en más de siete décadas.
Este entre un promedio de 2 horas diarias al día de electricidad, venta de gas licuado en dólares, barrios sin agua por semanas, contempla el peor escenario de Cuba desde su concepción como nación. La isla no es que esté desfallecida, es que está muerta a todos los niveles, y el cubano se hunde en ese fallecimiento…
La reacción del régimen
El régimen cubano calificó las sanciones de “criminales y genocidas”, en el rechazo de mayor intensidad retórica desde el inicio de la campaña. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo que las medidas constituyen un “castigo colectivo al pueblo cubano” e “ilegales bajo el derecho internacional”. Cubadebate las presentó como “nuevas medidas unilaterales” mientras el régimen evitó pronunciarse sobre el impacto concreto en cada entidad sancionada.
Hacia dónde apunta todo esto…
La estructura de la sexta oleada revela tres objetivos que trascienden el impacto inmediato. El cierre del comercio exterior: con GECOMEX y GEMAR bajo la lista SDN y un plazo de 30 días, Washington intenta replicar el colapso logístico del sector hotelero; si el mecanismo funciona igual, la cadena de suministros de importaciones básicas podría sufrir disrupciones severas a partir de agosto.
El cierre del suministro energético alternativo: con CUPET, COREYDAN y ENETEC todas bajo la lista SDN, la línea mexicana vía Pemex queda formalmente bloqueada; Rusia, Argelia o China podrían canalizar suministros alternativos, pero el costo y la opacidad de esas vías aumentan considerablemente.
No menos importante, la documentación del aparato represivo: la sanción a las BRR, las MTT y la ACRC establece un precedente que podría convertirse en un activo político determinante en escenarios futuros de negociación o transición, donde el historial de colaboración con estructuras sancionadas tendría implicaciones legales para sus miembros.
La pregunta que plantean economistas como Ricardo Torres y Mauricio de Miranda es si la acumulación de presión conducirá a un cambio político negociado o a una crisis humanitaria sin salida. El 12 de agosto, con el vencimiento de los plazos de la OFAC para GECOMEX y GEMAR, marcará el próximo punto de inflexión. La economía cubana enfrenta entonces el mayor apagón eléctrico de su historia y, potencialmente, el mayor apagón logístico.
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Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
