Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica como novedad histórica para la democracia más longeva de Centroamérica y granate de la continuidad que cada vez más de adapta a una nueva categoría política.
La figura de Laura Fernández
El 8 de mayo de 2026, Laura Fernández Delgado asumió la presidencia de Costa Rica ante delegaciones de 71 países en el Estadio Nacional de San José. Presidenta número 50 del país, segunda mujer en la historia costarricense en llegar al cargo y la más joven de las 22 mujeres presidentas que ha habido en el continente americano desde 1974. Tiene 39 años, una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y una maestría en Políticas Públicas. Su trayectoria es esencialmente técnica. Y debe su llegada al poder a Rodrigo Chaves, el presidente saliente que la reclutó en 2022.
Laura Fernández es, simultáneamente, una novedad histórica y la garante de una continuidad. Se proclamó desde el Estadio Nacional “la heredera de ese cambio”, y lo dijo tal cual: “Soy la heredera de una forma de hacer política distinta. La política que mide metas, mide resultados y rinde cuentas.”
El agotamiento de lo tradicional
El 1 de febrero de 2026, Fernández obtuvo el 48,3% de los votos —el porcentaje más alto en 32 años— y se ahorró el balotaje. El socialdemócrata Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, quedó a distancia con el 33,4%.
Que el partido que construyó el Estado de bienestar costarricense en el siglo XX pierda con esa holgura frente a un proyecto de cuatro años de existencia dice algo sobre el agotamiento generacional de las fuerzas tradicionales. La victoria también le dio a Fernández una mayoría legislativa de 31 de los 57 diputados, músculo político para avanzar en sus proyectos, aunque los cambios estructurales del Estado requerirán negociar con la oposición para alcanzar las dos terceras partes necesarias.
La Tercera República y el primer decreto
El concepto más llamativo del discurso presidencial fue la promesa de construir una “Tercera República”, expresión de fuerte carga simbólica que cuestiona el modelo político surgido tras la guerra civil de 1948. Fernández afirmó que el país “cambió para siempre” y advirtió que el Estado costarricense se volvió lento y desordenado con el paso de los años. “No me temblará el pulso”, dijo al referirse a la crisis de seguridad y a los problemas estructurales que, según ella, requieren acciones rápidas.
El segundo decreto firmado el día de la toma de posesión reflejó esa intención: el gobierno redefinió las funciones de ministros, viceministros y presidentes ejecutivos de instituciones públicas para ordenar competencias, reducir duplicidades y agilizar decisiones.
En seguridad, la presidenta prometió mano dura contra el crimen, anunció la construcción de una megacárcel para 5.000 reclusos inspirada en el modelo de Nayib Bukele y estableció que el año carcelario será de 360 días naturales. También cuestionó al Poder Judicial y advirtió que las medidas de seguridad no tendrán efecto si los jueces siguen soltando delincuentes peligrosos. Los analistas señalan esa tensión como potencialmente problemática para el equilibrio institucional.
El superministro: la metamorfosis del poder
El nudo más complejo de este nuevo gobierno es el nombramiento de Rodrigo Chaves como Ministro de la Presidencia y de Hacienda simultáneamente. A esas dos carteras se suman la supervisión de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la coordinación del gabinete económico. La concentración de poder resultante es poco habitual en la historia política del país.
La dimensión judicial agrava el asunto. Tener un cargo ministerial en Costa Rica garantiza inmunidad, lo que limita la posibilidad de que Chaves enfrente procesos judiciales ordinarios durante su gestión. Cualquier proceso en su contra requiere que la Asamblea Legislativa apruebe previamente el levantamiento de su inmunidad, algo que necesita 38 votos. Con 31 diputados oficialistas, las posibilidades de alcanzar ese umbral son prácticamente nulas.
“Como era previsible, no se logró amarrar los 38 votos. Lo cierto es que el daño a la democracia costarricense está hecho”, dijo el analista Gustavo Machado.
Lo que ocurre en Costa Rica trasciende el caso costarricense. Conecta con una tendencia que atraviesa diversas democracias: liderazgos personalistas que buscan prolongar su influencia más allá de los límites formales del mandato constitucional mediante la colonización de estructuras estatales o el diseño de mecanismos de continuidad que preservan el liderazgo real aunque cambie el titular formal del Ejecutivo.
Costa Rica en la ola conservadora
El país que durante décadas fue considerado un fenómeno democrático excepcional en Centroamérica experimenta un punto de inflexión que va más allá de la simple alternancia. Laura Fernández es la última dirigente conservadora en llegar al poder en América Latina con un discurso centrado en la lucha contra la violencia ligada al narcotráfico, en un país históricamente estable pero golpeado en los últimos años por el auge del crimen organizado y el aumento de los homicidios.
La felicitación temprana de Bukele, quien declaró haber llamado personalmente a Fernández para desearle éxito, subraya el alineamiento regional de este ciclo político. No es casual.
Politólogos advierten contra la mayoría absoluta del Partido Progreso Social Democrático en la Asamblea Legislativa como intento de obtener un control casi hegemónico sobre los poderes del Estado, con capacidad para impulsar proyectos que cambien la Constitución sin resistencia parlamentaria efectiva.
La paradoja de Laura Fernández es que una mujer joven, tecnócrata y politóloga de formación asume el poder en la democracia más longeva de Centroamérica cabalgando una ola que mezcla populismo de derechas, continuismo personalista y promesas de modernización institucional. Veremos si la arquitectura institucional costarricense tiene la solidez suficiente para sobrevivir a sus propios reformadores.
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Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
