Este 7 de mayo de 2026, Marco Rubio sancionó al conglomerado militar cubano GAESA, a su presidenta ejecutiva Ania Guillermina Lastres Morera y a Moa Nickel S.A., el joint venture cubano-canadiense donde Sherritt International operaba desde 1995.
Sherrit se va de Cuba
Las acciones de Sherritt cayeron un 30% ese mismo día. La empresa suspendió todas sus operaciones en Cuba, repatrió a sus empleados expatriados y tres directores renunciaron. Washington la expulsó.
Seis días antes, Donald Trump había firmado la Orden Ejecutiva 14404, el marco legal que hizo posibles las designaciones de Rubio. El Departamento de Estado fue explícito: vendrán más sanciones en los próximos días y semanas. Hoy fue el primer disparo.
La excepción que Washington cerró
Sherritt era canadiense, y durante tres décadas, esa nacionalidad la mantuvo fuera del alcance directo del embargo estadounidense mientras sus competidores norteamericanos miraban desde afuera. Desde 1995 construyó en Cuba una presencia vertical e integrada, desde la extracción en Moa hasta el refinamiento en Fort Saskatchewan, Alberta.
Su permanencia era el argumento más concreto de que Cuba podía operar con capital occidental a pesar del bloqueo. La Orden Ejecutiva 14404 eliminó esa ventaja. Las sanciones secundarias que introdujo cambian las reglas para todo el mundo: cualquier empresa, con cualquier pasaporte, que mantenga vínculos con GAESA, queda expuesta a Washington.
En años de precios altos, los ingresos combinados del joint venture cubano-canadiense superaron los 450 millones de dólares anuales, considerando únicamente el 50% correspondiente a Sherritt. Esa alianza representaba alrededor del 40% de las exportaciones cubanas de níquel y cobalto, que desde el colapso del azúcar en 2002 se convirtieron en la mayor exportación de mercancías de la isla. En 2024 la operación produjo 15,166 toneladas de níquel terminado y 1,603 de cobalto. En 2025, con la crisis energética mordiéndoles la logística, esas cifras cayeron a 12,620 y 1,364 respectivamente.
El dato más interesante viene de la energía. A través de su filial Energas, Sherritt era el mayor productor independiente de electricidad en Cuba, con 506 megavatios instalados que representaban entre el 10% y el 15% de la capacidad eléctrica nacional. En un país que en 2025 apenas logró suministrar la mitad de la energía que demandaba su población, esos megavatios sostienen hospitales, bombas de agua, refrigeración de alimentos, respiradores. Son la diferencia entre doce horas de apagón y catorce.
GAESA y los 20,000 millones ocultos
La OE 14404 apunta al núcleo económico del régimen con nombre y apellido. Rubio describió a GAESA como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”, un conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, con ingresos que según el Departamento de Estado probablemente triplican el presupuesto nacional.
Washington acusa a GAESA de gestionar hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos canalizados hacia cuentas bancarias ocultas en el exterior, mientras la población cubana enfrenta hambre, enfermedad y un sistema eléctrico en colapso.
La designación de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva y general de brigada de las FAR, sigue el mismo manual que Washington aplicó contra oligarcas rusos y funcionarios venezolanos: inmovilizar personas para que las sanciones golpeen a quienes realmente deciden. La sanción sobre Moa Nickel S.A. cerró el círculo con Sherritt. El Departamento de Estado la acusó de explotar los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen y señaló que opera sobre activos expropiados a ciudadanos y corporaciones estadounidenses. Continuar el joint venture se volvió, en palabras de la propia empresa, materialmente imposible.
El reloj de junio y el efecto dominó
La fecha del 5 de junio de 2026 es lo que convierte esta ronda de sanciones en algo distinto a todo lo anterior. El Departamento de Estado dio a empresas e instituciones financieras extranjeras menos de un mes para terminar toda relación con GAESA y sus subsidiarias. Pasada esa fecha, quien siga operando con el conglomerado queda expuesto a sanciones secundarias de Washington.
GAESA domina hoteles, puertos, comercio exterior y flujo de remesas. Cualquier banco europeo, cualquier operadora turística, cualquier naviera con transacciones vinculadas al conglomerado tiene menos de 30 días para decidir si el mercado cubano vale ese riesgo. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete petroleros, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90% según cifras oficiales estadounidenses. La presión es acumulativa y sus efectos son medibles.
Días antes del anuncio de Rubio, el Departamento de Estado comenzó a desplegar personal hacia el Comando Sur en Miami. Fuentes citadas por medios estadounidenses lo describieron como preparación ante posibles hostilidades con Cuba. Washington mantiene abiertas opciones más allá de las sanciones.
96,000 cirugías y un modelo agotado
El representante de la ONU en Cuba describió el deterioro como un impacto sistémico y cada vez mayor sobre todos los aspectos de la vida cotidiana: salud, agua, saneamiento, sistemas alimentarios, educación, transporte y telecomunicaciones. Más de 96,000 cirugías han sido aplazadas, incluyendo las de 11,000 niños. Cerca de 32,000 mujeres embarazadas están en riesgo por inestabilidad en el acceso a servicios prenatales. Tres mil niños enfrentan retrasos en vacunación.
La economía acumula una contracción superior al 15% desde 2020, con una caída adicional de alrededor del 5% en 2025. La inflación oficial reconoce un 14% interanual; estimaciones independientes sitúan el encarecimiento de la canasta básica en un 70%. El combustible escasea yla supervivencia pasa por adquirir productos en dólares en un país donde la mayoría cobra en pesos sin acceso real al mercado cambiario. Los apagones son interminables y el deterioro humano es cada vez más inhumano y primitivo…
Esto ya no da más.
Durante décadas el régimen ofreció a su población un trato implícito: control a cambio de salud, educación y estabilidad mínima con gestión medianamente decente de la miseria. Las 96,000 cirugías aplazadas son la evidencia más concreta de que ese trato expiró. Millones de personas lo viven cada día.
El Centro de Estudios de la Economía Cubana, organismo oficial dependiente de la Universidad de La Habana, publicó un informe que calificó la situación como resultado de un “modelo económico agotado” y describió una “coyuntura crítica” como intersección de varias crisis simultáneas, con cuestionamiento de las instituciones establecidas y debate —explícito o implícito— sobre el proyecto de país. En lenguaje académico cubano, dentro de un sistema de partido único, eso equivale a una admisión de fracaso histórico formulada en los únicos términos que el régimen puede tolerar escuchar. Vino desde adentro.
El eterno colapso administrado
GAESA fue diseñado para sobrevivir dentro de Cuba, pero sostenerla es otra cosa. El aparato militar extrae, acumula y opera en divisas mientras la población funciona en pesos que han perdido cualquier ancla de valor. Las sanciones de Washington apuntan al corazón financiero del régimen, pero la cúpula lleva décadas construyendo mecanismos de aislamiento entre su propia subsistencia y la del país que administra. Los 20,000 millones en cuentas externas —si la acusación es exacta— son la prueba de que el régimen anticipó el cerco y se preparó para sobrevivirlo.
Cuba lleva décadas demostrando que una dictadura puede mantenerse en estado de colapso administrado por mucho tiempo. Lo que queda es una población progresivamente envejecida, sin fuerza laboral suficiente para reconstruir nada, en el país con la población de mayor edad de toda América Latina.
Mira más contenido de la plataforma Fdh desde youtube aquí en Fdh Canal
Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
