Las imágenes de Nicolás Maduro escoltado por militares estadounidenses en Caracas, encendieron las alarmas en Managua. Desde Nicaragua se entendió el mensaje sin necesidad de nota diplomática. La caída fulminante del chavismo no solo reordenó el tablero venezolano; reconfiguró el margen de maniobra de todos los regímenes aliados de Moscú y La Habana en el hemisferio.
Aaron Osoria
Del golpe en Caracas al temblor en Managua
La madrugada del operativo en Caracas no sólo derribó a un dictador; derribó también la fantasía regional de que las alianzas con Rusia, Irán o China bastaban para inmunizar a ciertos regímenes de cualquier desenlace abrupto. Para Ortega y Murillo, que habían convertido la solidaridad con el chavismo en parte del relato oficial, la captura de Maduro fue un recordatorio de que el escudo ideológico tiene un límite cuando interfiere con lo que Washington considera su patio trasero estratégico. Desde Nicaragua están temblorosamente atentos.
Horas después de la operación, mientras Trump sugería en Florida que “Venezuela es solo el comienzo” y dejaba caer el nombre de Cuba como próximo objeto de atención, en Nicaragua se activó un reflejo inmediato: bajar el volumen del discurso antiimperialista, reforzar el control interno y empezar a enviar señales de “buena voluntad” sin admitir derrota. No hubo autocrítica ni giro democrático, sino una recalibración del riesgo, una lectura cruda de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el actual inquilino de la Casa Blanca cuando se cruzan ciertas líneas rojas en materia de presencia rusa y desestabilización regional.
Ese “efecto Maduro” explica por qué, en cuestión de días, el régimen nicaragüense combinó dos movimientos aparentemente contradictorios: hacia adentro, consolidó su arquitectura autoritaria con reformas legales, vigilancia reforzada y una ofensiva contra la diáspora crítica; hacia afuera, comenzó a ceder en temas que hasta hace poco presentaba como irrenunciables, desde la excarcelación de presos políticos hasta el cierre parcial del “trampolín” migratorio que había montado hacia la frontera sur de Estados Unidos. Managua aprendió rápido la lección y a toda costa intenta alejarse de la imagen de amenaza prioritaria que amerite un desenlace a la venezolana.
El “efecto Maduro” y el modo supervivencia
En Managua, el “efecto Maduro” se vio reflejado en las reuniones a puerta cerrada. Doce horas después de la captura del dictador venezolano, Rosario Murillo convocó en El Carmen a cuadros del FSLN, mandos policiales y representantes del aparato territorial para dictar un: estado de alerta permanente y aumento de la vigilancia en barrios y redes sociales. No hubo documentos escritos, sólo órdenes verbales para reforzar lo que el propio régimen llama “vigilancia revolucionaria”, con la acerba consigna de impedir cualquier celebración, grafiti o gesto público que pudiera interpretarse como júbilo por la caída del aliado en Caracas.
Ese reflejo de control obsesivo se inscribe en una tendencia de más largo aliento: desde 2018, Ortega y Murillo han construido un Estado policial en el que la vigilancia comunitaria, la escucha sistemática y el hostigamiento cotidiano sustituyen al viejo pluralismo conflictivo de la transición postrevolucionaria. Informes de organismos internacionales describen a Nicaragua como un país donde el partido de gobierno y el Estado se han fusionado en una sola máquina de represión, capaz de seleccionar objetivos —opositores, críticos, incluso antiguos aliados— y destruir sus vidas mediante cárcel, exilio o desnacionalización. A lo cubano, como buenos hijos del mal bien instruidos.
Lo novedoso de enero de 2026 es que ese aparato interno se ajusta bajo la sombra de un precedente externo; y si en Venezuela fue posible una operación relámpago, en Nicaragua nadie puede descartar del todo que una combinación de sanciones extremas, aislamiento y presión militar indirecta conduzca a un desenlace similar. De ahí el giro táctico en el discurso: la retórica antiimperialista se modula, las referencias directas a Estados Unidos se vuelven menos beligerantes y se reemplazan por llamados a la “paz”, la “estabilidad” y la “no injerencia”, mientras en paralelo se blindan aún más las capacidades de control interno.
Más que un cambio ideológico, es un ajuste de supervivencia. El régimen detecta que el margen para la estridencia se ha reducido drásticamente y que cada gesto puede leerse en Washington como indicio de desafío o de disposición a negociar. El miedo, en este contexto, opera como racionalidad.
Concesiones tácticas: presos, migración y gestos reversibles
La primera traducción concreta de ese nuevo cálculo se vio el 10 de enero de 2026, cuando el gobierno anunció la liberación de “decenas” de personas que se encontraban en el sistema penitenciario nacional. El comunicado oficial presentó la medida como un gesto magnánimo para conmemorar los 19 años de la vuelta de Ortega al poder, pero organizaciones de derechos humanos y medios independientes coincidieron en que se trató de una respuesta directa a la presión de Washington, que un día antes había reclamado públicamente la excarcelación de más de 60 presos políticos.
Los números cuentan otra historia detrás de la puesta en escena. Registros de ONG especializadas hablan de 19 a 30 personas liberadas, entre ellas figuras opositoras conocidas, líderes locales y religiosos que habían sido encarcelados por denunciar abusos o apoyar las protestas de 2018. Al mismo tiempo, informes internacionales recuerdan que, incluso tras esa liberación, decenas de críticos siguen tras las rejas, mientras la maquinaria de vigilancia y detenciones arbitrarias permanece intacta. El régimen está dispuesto a soltar fichas humanas, pero no a desmontar el aparato que las produce.
Algo similar ocurre con la política migratoria. Durante buena parte de 2023–2025, Managua convirtió los aeropuertos nicaragüenses en una plataforma para canalizar a miles de cubanos, haitianos y otros migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos, convirtiendo a Nicaragua en un eslabón clave de la crisis migratoria que golpea a Texas, Arizona y otros estados. La combinación de vuelos chárter, visados flexibles y permisividad fronteriza operó como un arma de presión indirecta sobre Washington, que veía cómo aumentaban los números en su frontera mientras el régimen nicaragüense obtenía ingresos y margen de maniobra.
Ese diseño empezó a desmontarse justamente cuando la Casa Blanca endureció el tono sobre CAFTA DR y abrió la puerta a aranceles masivos contra las exportaciones nicaragüenses por violaciones a derechos laborales y humanos. Bajo esa nueva amenaza, Managua ha comenzado a restringir la visa para ciertos países y a limitar el flujo de vuelos que servían de “trampolín” hacia el norte; esto no es por convicción, sino porque el costo económico de sostener esa arma migratoria se ha vuelto demasiado alto frente a la posibilidad real de perder el acceso preferencial al mercado estadounidense.
En ambos frentes —presos y migración— las concesiones comparten una característica esencial: son reversibles. El régimen puede volver a llenar las cárceles en cuestión de semanas, del mismo modo que puede reactivar rutas migratorias si el equilibrio de fuerzas cambia. No está soltando los pilares de su poder, sino fichas negociables que le permiten ganar tiempo, comprar cierto alivio internacional y medir hasta dónde llega la voluntad de Washington de aplicar su nueva doctrina hemisférica en un país que, a diferencia de Cuba, no le aporta tantos réditos simbólicos, pero sí muchos riesgos geopolíticos.
El garrote económico: CAFTA, aranceles y el hambre como palanca
Durante casi dos décadas, Nicaragua se benefició de acceso preferencial al mercado estadounidense bajo el CAFTA DR: bienes de consumo y manufacturas con arancel cero, y más de la mitad de sus productos agrícolas entrando sin pagar impuestos, con Estados Unidos absorbiendo alrededor de la mitad de las exportaciones nicaragüenses. Esa arquitectura comprende el eje del modelo económico del orteguismo: fábricas, agroexportación y una inserción relativamente cómoda en la economía estadounidense, mientras el régimen cerraba el espacio político dentro de casa.
Ese equilibrio empezó a romperse en octubre de 2025, cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó una investigación bajo la Sección 301 sobre las “prácticas inaceptables” de Nicaragua en materia de derechos laborales y humanos, y recomendó dos pasos drásticos: suspender total o parcialmente los beneficios de CAFTA DR y aplicar aranceles de hasta 100% a los productos nicaragüenses. A finales de año, la decisión se concretó en un arancel del 15% sobre todos los bienes nicaragüenses que no califican como “originarios” bajo CAFTA DR, con un calendario de incremento gradual, y la amenaza explícita de avanzar hacia tarifas mucho más altas si no hay cambios verificables.
El resultado práctico es un torniquete económico. Sectores como el textil maquilador, que representa alrededor de una quinta parte de las exportaciones nicaragüenses a Estados Unidos, y el agroindustrial —carne, café, azúcar— ven erosionada de golpe la ventaja de competir sin aranceles frente a otros proveedores. Para un país cuyo principal cliente es Estados Unidos, la introducción de un 15% de arancel inicial en parte de su canasta exportadora es una señal de que, si el régimen no cede, ese porcentaje puede subir hasta niveles incompatibles con la supervivencia de muchas empresas locales.
Pero el elemento más delicado del garrote económico está en las remesas. En 2025, Nicaragua recibió unos 6.200 millones de dólares bajo esta forma, el equivalente aproximado al 30% de su PIB, con un crecimiento de 18% respecto al año anterior y con Estados Unidos como origen predominante de esos envíos. Eso coloca al país entre las economías más dependientes del mundo de ese flujo de dinero externo y, según economistas locales, implica que sin remesas habría recesión abierta y un desplome mucho más profundo del consumo interno.
Para el régimen Ortega Murillo, esa dependencia es una bendición envenenada. Por un lado, las remesas sostienen el consumo de millones de hogares, generan ingresos fiscales vía impuestos indirectos y le dan al gobierno margen para exhibir cifras de crecimiento moderado pese al aislamiento. Por otro, lo vuelven extremadamente vulnerable a cualquier cambio en la relación con Estados Unidos. Por tanto, una escalada de sanciones financieras que afecte canales bancarios podría tener efectos devastadores sobre una economía ya castigada por la desconfianza inversora y las restricciones de crédito internacional.
El mismo Estado que persigue, expulsa o desnacionaliza a críticos y opositores en el exilio vive en buena medida de la riqueza que ellos generan en el exterior. Curioso, pero no essorpresivo. La Nicaragua de 2026 es un país donde casi un tercio del ingreso nacional proviene del trabajo de quienes se fueron, muchos de ellos por causa directa de la represión, mientras la cúpula en Managua mantiene el control político y fiscal de ese flujo. A diferencia de las bombas o de los marines, los aranceles y el apalancamiento sobre esa dependencia de remesas constituyen un tipo de arma más lenta, menos visible, pero igual de eficaz para doblar la voluntad de un régimen.
Aislamiento diplomático y el factor Rusia
Mientras la economía entra en zona de turbulencia, la política exterior de Nicaragua se ha convertido en una máquina de romper puentes. En menos de cinco años, el régimen Ortega-Murillo ha protagonizado al menos nueve crisis diplomáticas relevantes: expulsión de embajadores, retiro unilateral de representantes y degradación de relaciones con países que van desde vecinos centroamericanos hasta potencias europeas y latinoamericanas como España y Brasil. Cualquier crítica a la deriva autoritaria, a la represión de 2018 o a las violaciones de derechos humanos es interpretada como “injerencia” y contestada con la herramienta favorita del matrimonio gobernante: la figura de persona non grata y la puerta de salida.
El episodio más reciente, la expulsión del embajador español en enero de 2026, ilustra bien esta lógica. Managua lo echó acusándolo de interferir en asuntos internos, y Madrid respondió expulsando a la embajadora nicaragüense en un gesto de reciprocidad que dejó las relaciones al borde de la congelación. Para analistas y observadores internacionales, se trata de la consolidación de un aislamiento buscado, siendo una dictadura que prefiere romper los últimos lazos con las democracias críticas antes que aceptar el escrutinio sobre sus prácticas represivas.
En paralelo, el régimen ha reconfigurado la noción de ciudadanía como instrumento de control político. En 2025, la Asamblea Nacional —totalmente alineada con el FSLN— aprobó en primera legislatura una reforma constitucional para eliminar la doble nacionalidad y establecer que cualquier nicaragüense que adquiera otra ciudadanía pierda automáticamente la propia, con excepción de centroamericanos. En enero de 2026, esa reforma se convirtió en norma constitucional: el mensaje es que la lealtad debe ser exclusiva y que el exilio no puede convertirse en refugio jurídico frente a la persecución del Estado.
Ese cierre hacia fuera contrasta con una apertura selectiva hacia un actor muy específico: Rusia. Desde mediados de la década pasada, Moscú ha consolidado en Nicaragua una plataforma de inteligencia y cooperación militar que incluye estaciones de escucha, sistemas de radiovigilancia y centros de entrenamiento policial operados principalmente por personal ruso. Investigaciones periodísticas han señalado la base de Cerro Mokorón, al sur de Managua, como uno de los principales centros de espionaje electrónico de Rusia en Centroamérica, con acceso privilegiado a comunicaciones regionales y capacidad de monitorear tanto a actores externos como a la oposición interna.
Para Washington, ese entramado convierte el expediente nicaragüense en una cuestión de seguridad nacional, no sólo de democracia y derechos humanos. La combinación de una dictadura consolidada, una economía dependiente de Estados Unidos y una infraestructura de inteligencia rusa en su territorio es exactamente el tipo de escenario que la nueva reinterpretación de la doctrina Monroe pretende desactivar.
El problema para Ortega es que, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la confrontación global entre Occidente y Moscú, su apuesta por Rusia ya no le da seguridad; lo marca como objetivo en un tablero más grande de lo que su propio régimen puede manejar.
Tres escenarios a corto plazo para Nicaragua
En este punto, el asedio sobre Managua no es una hipótesis, sino un dato. La incógnita es cómo se resuelve. A corto plazo, se pueden bosquejar tres escenarios principales —no excluyentes, y quizá combinables— que ayudan a entender las posibles salidas de la crisis.
Endurecimiento autoritario puro
En cierto modo, es el escenario de la inercia: el régimen de Nicaragua decide doblar la apuesta y responder a la presión externa con más control interno. Ortega y Murillo continúan perfeccionando su Estado policial, apostando a que la población, agotada por la represión de 2018 y por años de deterioro económico, carece de fuerza y organización para protagonizar una nueva ola de protestas masivas. Similar a Cuba todos estos años. El coste de este camino es alto.
Transición pactada desde arriba
No sería una revolución democrática, sino una operación de cirugía política controlada: sectores de la élite económica y del propio sandinismo, conscientes del riesgo de colapso, empujan a la pareja gobernante hacia un acuerdo que garantice su seguridad personal y patrimonial a cambio de un calendario real de apertura política.
Para que esto funcione, hacen falta tres condiciones difíciles de reunir: una oposición mínimamente articulada en el exilio y dentro del país, capaz de negociar y no sólo de resistir; una coordinación efectiva entre Estados Unidos, la Unión Europea y actores regionales para ofrecer una salida creíble; y, sobre todo, una decisión de Ortega y Murillo de aceptar que su ciclo histórico terminó. A diferencia del caso venezolano, donde la salida fue abrupta y forzada, este escenario buscaría algo más parecido a una transición con garantías, pero choca con el carácter personalista, patrimonial y vengativo del matrimonio.
Apertura controlada y “putinización” del régimen de Nicaragua
Bajo esta lógica, Managua podría aceptar ciertas reformas —legalización de partidos inofensivos, elecciones con algo más de competencia, liberación de un número mayor de presos políticos, flexibilización limitada para medios y ONG—, pero mantendría firmemente bajo control la policía, el ejército, los servicios de inteligencia y los resortes clave de la economía. Se hablaría de pluripartidismo y elecciones, pero el resultado estaría condicionado por el peso real del aparato estatal partidario.
Este camino tiene ventajas obvias para el régimen: podría reducir la intensidad de algunas sanciones, mejorar parcialmente su imagen internacional y dividir a la oposición. Sin embargo, también implica riesgos con una apertura mal calibrada pudiendo generar expectativas que luego no se pueden contener, y no resuelve el problema de fondo —la concentración extrema de poder en un núcleo familiar—, por lo que, en el mejor de los casos, aplazaría el conflicto en lugar de resolverlo.
Nicaragua se aferra, pero moviendo fichas con cautela
La estrategia aplicada sobre Managua revela las jerarquías simbólicas de Washington. Cuba concentra la épica, los votos, la narrativa de Guerra Fría resucitada y el peso de una comunidad insertada en las altas esferas de la política estadounidense con Marco Rubio como mayor destello; Nicaragua recibe el castigo silencioso, el expediente de seguridad gestionado en comités interagencias más que en ruedas de prensa. Eso no significa que pese menos, sino que su valor es más instrumental al ser otra pieza de presión sobre Rusia en el tablero global, y aviso para otros gobiernos que coquetean con Moscú, mostrando también de que el precio de convertirse en “plataforma” de potencias extrahemisféricas ya no es abstracto.
Frente a esa disyuntiva, el futuro nicaragüense dependerá menos de los gestos grandilocuentes y más de la capacidad de tejer una transición que no sea mera venganza ni simple maquillaje. Una salida pactada que combine presión externa, garantías mínimas para la cúpula y protagonismo real de la sociedad nicaragüense es, quizá, la menos épica y la más difícil de todas, pero también la única que podría evitar que el “caso Nicaragua” se convierta en otro capítulo de destrucción nacional en nombre de valores que luego llegan tarde a las ruinas.
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Arquitecto, profesor y escritor, fundador de Fdh Journal. Dedicado al análisis político, deporte, cultura y filosofía práctica. Promotor de la consigna “pensar como entretenimiento”.
