Estamos, con lo último de los archivos Epstein, ante la descomposición sociopolítica estadounidense. El 30 de enero de 2026 quedará marcado en el calendario como cualquier cosa menos el día de la transparencia en Estados Unidos. Ese día, el Departamento de Justicia decidió presentarse ante el mundo con el rostro cubierto de tachones negros. La publicación de más de 3,5 millones de páginas de documentos del caso Epstein se convirtió en el plato principal de un banquete donde la verdad fue el único comensal que nadie invitó.
Los archivos Epstein siguen tratándose como pruebas de elección, donde el poder y la clara postura de quienes deben impartir justicia y equilibrio a un sistema cada vez más vomitivo deforman cualquier esperanza de un mundo decente.
Aaron Osoria
¿Los archivos Epstein o los archivos de las sombras?
Pongamos un poco de contexto porque de esto se pudieran hacer 10 extensos artículos, pero no es el objetivo. Bajo una ley aprobada en 2025 llamada “Epstein Files Transparency Act” (Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein), el gobierno estadounidense estaba obligado a publicar prácticamente todos sus expedientes sobre el caso.
Pero esta historia no trata sobre Epstein. Para nada. Esta historia trata sobre quién controla la máquina de justicia en Estados Unidos, cómo se ha capturado completamente, y qué significa eso para una democracia que ya estaba herida.
Tras meses de retrasos, el DOJ (Department of Justice) finalmente liberó una avalancha de datos: 180.000 imágenes, 2.000 vídeos y millones de páginas que recorren décadas de una red de tráfico sexual que rozó las esferas más altas del poder. Los archivos Epstein finalmente se presentaron.
Sin embargo, de los 6 millones de páginas identificadas, casi la mitad permanecen bajo llave. Lo que tenemos hoy es una “transparencia selectiva”, registros de vuelos que confirman la presencia de figuras como Donald Trump y Elon Musk en el entorno de Epstein, pero que se detienen justo antes de cruzar la línea de la evidencia criminal. Esto, por supuesto, está lejos de ser casualidad.
En los archivos Epstein hay mención a Trump, Bill Clinton, Elon Musk y otras figuras de alto perfil. Las redes sociales se llenaron de tweets afirmando que “el DOJ confirma que Trump participaba en subastas de menores”. Bueno, la realidad es más matizada pero también más problemática: en los archivos hay tips al FBI —denuncias anónimas sin verificar— donde alguien cuenta historias explícitas sobre Trump, pero el propio DOJ insiste en que estas son “alegatos no verificados”.
El Departamento de Justicia ha sido capturado por sus aliados políticos y está ahora decidiendo qué verdades ves y cuáles quedan redactadas en un accionar completamente pútrido. Los archivos Epstein se publicaron con el sello oficial “Estados Unidos de América”, pero quien manejó el proceso era alguien jurídicamente comprometido con el presidente. Tan increíble como cierto.
La captura del árbitro de los archivos Epstein
La mayor tragedia de este episodio es quiénes sostienen la pluma que censura los nombres en los archivos Epstein. En un giro que desafía cualquier noción de ética institucional, el proceso ha sido supervisado por un equipo cuya lealtad está volcada con todo descaro hacia el Despacho Oval, no con la Constitución. Estados Unidos ahora mismo no es nada fiable en este aspecto.
Todd Blanche, Fiscal General Adjunto (Deputy Attorney General): El caso más cínico de la historia judicial reciente. El hombre que hasta hace meses era el abogado personal de Trump en varios de sus juicios criminales (que no son pocos para un alto perfil), hoy tiene la última palabra sobre qué tachar en los archivos que involucran a su antiguo cliente.
Léelo de nuevo… el abogado defensor del presidente pasó a ser el funcionario que controla la información sobre un caso donde aparecen múltiples referencias a su antiguo cliente. La publicación fue supervisada por él. Risas. Una supervisión que decide qué documentos se liberan y cuáles se retienen, qué redacciones se hacen y por qué razones. La ironía es tan atroz que ya dejó de ser ironía.
Pam Bondi, Fiscal General (Attorney General): Una aliada histórica de Trump que ha pasado de defenderlo en sus juicios políticos (impeachments) a decidir qué partes del pasado de sus aliados son “aptas” para el público. Llegó a ese cargo como operadora política, como vieja aliada. Alguien, por cierto, sin las calificaciones necesarias para ese puesto, como casi todos los nombramientos que Trump de una manera u otra asignó con el dedo.
Fue abogada defensora de Trump durante sus juicios políticos, amplificó las tesis de fraude electoral en 2020, y fue elegida ahora con la misión explícita de “limpiar” un DOJ que ella describe como politizado contra Trump. Democracia, sí… la estatua de la libertad llora en su espíritu empedrado plagado de grietas por tanto lamento de representar algo que ya no existe esencialmente.
Bondi, Noem, Patel y otros no tienen ni la experiencia ni los galones para ocupar sus puestos, simplemente están ahí para eliminar estancia de la dictadura invisible que pretende Trump, pero eso es otra historia. Por supuesto, el caso de los archivos Epstein es el reflejo de esos nombramientos.
Además, cabe recordar que la llegada de Bondi a su actual puesto trajo consigo purgas masivas: cientos de fiscales y agentes que investigaron a Trump fueron despedidos o presionados a renunciar. El Congreso la confrontó en audiencias públicas por la politización del departamento. Académicos y exfuncionarios del propio DOJ firmaron cartas describiendo su gestión como una afrenta al Estado de derecho.
¿Y qué sucedió? Bondi sigue en su cargo, ignorando la presión legislativa.
Kash Patel, Director del FBI: Confirmado en febrero de 2025. A diferencia de directores anteriores que buscaban una imagen de independencia, Patel ha sido abierto sobre su intención de desmantelar lo que llama el “Estado Profundo”. Un timo, una mentira, una tergiversación, como quieras llamarle. Su carrera previa fue como operador político: trabajó para Trump descreditando la investigación sobre interferencia rusa y empujando teorías de conspiración sobre agencias “corrompidas”.
Bajo Patel, el FBI ha dedicado recursos a revisar expedientes pasados para “exponer” a quienes investigaron a Trump. También ha depurado mandos percibidos como poco leales. Esto se parece menos a una agencia de seguridad profesional y más a una policía política clásica. Lamentable, perverso, irrisorio.
Al final, los tres cargos más altos de la arquitectura de justicia estadounidense están ocupados por personas cuya lealtad política a Trump es explícita, documentada y anterior a su nombramiento. Están ahí porque son cuadros políticos, nada más. Los archivos Epstein son parte de las cuestiones que justifican sus nombramientos: salvar al fatídico presidente de los Estados Unidos a toda costa.
La traición final a las víctimas
Mientras el debate político de los archivos Epstein se centra en nombres de millonarios y políticos, las verdaderas protagonistas —las víctimas— han denunciado una traición institucional sin precedentes. El DOJ ha sido “descuidado” al dejar expuestos datos que permiten identificar a las supervivientes, mientras ha sido “quirúrgico” para proteger la identidad de los clientes. ¿Alguien se sorprende?
Es la justicia invertida: se castiga a la víctima con la exposición y se premia al victimario con el anonimato.
Lo que se perdió: el colapso de las salvaguardas post-Watergate
En los años setenta, tras la renuncia de Nixon por Watergate, el Congreso impuso un conjunto de reformas destinadas a limitar el poder presidencial sobre la justicia. Se crearon inspectores generales en agencias, la Oficina de Ética Gubernamental, términos fijos de 10 años para el director del FBI, y lo más importante: una cultura institucional que asumía que el Presidente no podía simplemente controlar a los fiscales federales como si fueran sus abogados personales.
Esa cultura se basaba en normas informales, no en leyes blindadas. La asunción era que ningún presidente se atrevería a violar abiertamente esas barreras de cortesía. Éramos demasiado civilizados. Teníamos demasiada historia de respeto institucional.
Trump simplemente ignoró esas normas.
Ha removido en bloque 17 inspectores generales que podrían investigarlo. Ha congelado gasto federal aprobado por el Congreso. Ha despedido miles de empleados de carrera cubiertos por protecciones del servicio civil, argumentando que pueden ser removidos a voluntad. Y sobre todo, ha reorganizado el DOJ bajo criterios de lealtad personal, no de competencia técnica.
Los académicos de derecho constitucional están en alarma. Erwin Chemerinsky, decano de la facultad de derecho en UC Berkeley, declaró en febrero de 2025: “Estamos viviendo una crisis constitucional. En los primeros 18 días de la presidencia de Trump hubo acciones inconstitucionales e ilegales sistemáticas. Nunca habíamos visto algo así”. Jessica Silbey, profesora de derecho constitucional en Boston University, afirma que “cuando personas elegidas para respetar el Estado de derecho abiertamente desafían el significado claro de las leyes, sí, estamos en una crisis constitucional”.
Ese es el presidente que escogieron…
La cultura post-Watergate era un acuerdo caballeroso entre élites que asumían la civilidad como default. Una vez roto, no hay nada que lo reemplace.
Un mundo sin cordura: ¿y no pasa nada?
¿Por qué, si el conflicto de interés respecto a los archivos Epstein es tan evidente, no sucede nada? Estados Unidos atraviesa un colapso de la “vergüenza política”. En un país donde la aprobación presidencial se mantiene en un sólido 37% de seguidores incondicionales, la verdad ha dejado de ser un hecho para convertirse en una cuestión de fe. Para su base, cualquier archivo tachado es una “protección necesaria contra el Estado Profundo”. Para el resto del mundo, es el espectáculo de un imperio que ha perdido su brújula moral.
Sí, pasan cosas. Pero son insuficientes para frenar la deriva.
El Congreso ha llamado a audiencias. Bondi ha sido confrontada por demócratas sobre politización. Académicos y exfiscales han escrito cartas de protesta. Pero en un Congreso donde republicanos tienen mayoría o casi, y donde la polarización impide cualquier respuesta unificada, eso es teatro. Los demócratas gritan, los republicanos defienden al presidente, y la maquinaria sigue andando.
Los tribunales inferiores han bloqueado algunas órdenes ejecutivas inconstitucionales. Pero la Corte Suprema, con mayoría conservadora, prácticamente no ha intervenido significativamente para detener la captura institucional. Y aunque lo hiciera, ¿quién ejecutaría sus órdenes? El U.S. Marshals Service, que ejecuta decisiones de tribunales federales, depende del Departamento de Justicia que Trump controla. El vicepresidente JD Vance ha sugerido públicamente que simplemente ignorarían sentencias de la Corte que les desagradaran. Así las cosas…
Advertencia y no modelo
Hace 50 años, Estados Unidos era visto (especialmente desde América Latina) como el modelo: democracia liberal consolidada, separación de poderes funcional, justicia independiente. Estudiosos, arquitectos de constituciones, abogados de toda la región miraban a Washington como la referencia.
Ya no. Hoy, lo que sucede en Washington es la advertencia.
Los académicos que estudian democracia ya hablan de “democratic backsliding” (retroceso democrático) en Estados Unidos. Tom Ginsburg, profesor de derecho en la Universidad de Chicago y experto en instituciones democráticas, ha escrito que “en nuestra era, los tribunales son instituciones de bisagra. Si un potencial autócrata asegura su control sobre los tribunales, puede tomar control de muchos otros aspectos del sistema”. Exactamente lo que está sucediendo.
Lo perverso es que está pasando dentro de formas democráticas. Trump fue elegido. Bondi fue confirmada por el Senado. Patel fue confirmado. Las órdenes ejecutivas se emitieron siguiendo el proceso técnico correcto. Pero el propósito es convertir un sistema de pesos y contrapesos en un aparato de poder concentrado, disfrazado de procedimiento legal.
El mundo es un asco, y Estados Unidos hoy es el plato principal
El mundo ha visto genocidios, autocracias brutales, hambruna, represión. Lo sigue viendo y sigue sin pasar nada. Estados Unidos, incluso en esta fase de colapso institucional, sigue siendo un lugar donde puedes escribir esto, publicarlo, ser leído. Tienes derechos. Eso importa.
Pero lo que estamos viendo también es real: una democracia nuclear con 330 millones de habitantes y la supuesta economía más poderosa del mundo viviendo una crisis constitucional donde la justicia ha sido capturada por un megalómano para proteger su poder personal. Un megalómano con muchos seguidores…
No es una dictadura abierta. No. Es algo más insidioso: la forma democrática persiste, pero la sustancia se ha vaciado.
Guerras, apoyos a naciones obsesionadas con el conflicto bélico y la purga étnica, soberbia geopolítica, impulso de odio y polarización, desastres sociales y deshumanización de las instituciones del orden, propensión a las armas y justificación de homicidio derivado del uso excesivo de la fuerza letal contra sus propios ciudadanos (las tensiones con ICE).
¿Estados Unidos hoy qué es?
3 millones de retóricas y los archivos Epstein siguen derivando
Mira los tres millones y medio de páginas que el Departamento de Justicia acaba de soltar sobre los archivos Epstein y pregúntate qué es lo que no estás viendo. Porque el dato más revelador no es lo que publicaron, sino lo que dejaron atrás: otros dos millones y medio de folios que el DOJ admite haber identificado pero decidió no mostrar.
La excusa oficial habla de proteger la privacidad de las víctimas y evitar invasiones injustificadas, pero legisladores como Ro Khanna ya denuncian que lo que realmente están ocultando son los anexos de procesamiento, esos documentos donde se explica por qué no detuvieron a otros involucrados, y los borradores originales de las acusaciones de 2007.
El foco sigue exactamente donde siempre estuvo: en Epstein, convenientemente muerto (entiéndelo cómo quieras). Mientras tanto, los peces gordos pasan por un colador tan fino que apenas dejan rastro. En el caso de Trump, hay una contradicción que insulta la inteligencia. Su nombre aparece al menos 1000 veces en los archivos Epstein, con descripciones que van desde menciones vagas en fiestas hasta comentarios obscenos del propio Epstein sobre el ahora presidente.
Pero ahí está Todd Blanche, esforzándose ayer en declarar que “en ninguna comunicación Epstein sugirió que Trump hiciera algo criminal”. Es imposible no ver que quien está editando los archivos es la misma persona que antes le pagaba la fianza al protagonista de los mismos.
Aunque todo se siente como un refrito calculado, algunos detalles nuevos confirman el nivel de podredumbre de este círculo. Los correos de Elon Musk de 2013 revelan que mintió cuando dijo no tener contacto con Epstein. Casey Wasserman, el director de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quedó expuesto por correos sexuales explícitos con Ghislaine Maxwell. El borrador de 2007 descubrió que el FBI quería arrestar a Epstein y a tres de sus asistentes hace casi veinte años, pero el acuerdo de Alexander Acosta, exsecretario de Trump, detuvo todo.
Lo más cínico de esta supuesta transparencia es cómo el DOJ de Pam Bondi ha sido descuidado con los nombres de las supervivientes, exponiéndolas de nuevo al trauma, mientras ha sido extremadamente cuidadoso con los nombres de los hombres poderosos, tachados sistemáticamente bajo el argumento de privacidad.
Los archivos no dicen nada porque el sistema está usando esos tres millones de folios como cortina de humo. Publican tanta paja que la aguja de la verdad se pierde, y mientras tanto, los que firmaron el documento de publicación son exactamente los mismos que tienen interés en que esa aguja nunca aparezca.
Si la justicia es ciega, en 2026 parece haber sido además amordazada y puesta a trabajar para aquellos a quienes debería juzgar. Hoy volvemos a confirmar la poca humanidad que hemos edificado sobre el dinero y nada más…
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Arquitecto, profesor y escritor, fundador de Fdh Journal. Dedicado al análisis político, deporte, cultura y filosofía práctica. Promotor de la consigna “pensar como entretenimiento”.
