Con una votación de 51 a 47, la mayoría republicana del Senado estadounidense frenó una resolución demócrata que buscaba exigir autorización del Congreso para cualquier acción militar de Donald Trump contra Cuba. La decisión no abre una guerra inmediata, pero sí envía un mensaje político claro.
El dato duro de la votación
La iniciativa, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, se apoyaba en la Ley de Poderes de Guerra y pretendía obligar al Ejecutivo a obtener el visto bueno del Congreso antes de desplegar fuerzas o establecer un bloqueo militar en torno a Cuba. La resolución fue enterrada por una moción procedimental que obtuvo 51 votos frente a 47, en una división casi estrictamente partidista.
Hubo, sin embargo, pequeños desmarques: dos senadores republicanos se sumaron a los demócratas, mientras que al menos un demócrata votó con los republicanos, recordando que la discusión sobre quién decide la guerra atraviesa a ambos partidos. El senador Rick Scott, republicano por Florida, encabezó la ofensiva para frenar la medida y advirtió que imponer límites anticipados al presidente Trump “debilitaría la capacidad de respuesta” de Estados Unidos frente a eventuales amenazas en el Caribe, con una Cuba situada “a solo 90 millas” de su estado.
La Casa Blanca y sus aliados en el Senado argumentaron que, al no existir hostilidades activas ni planes anunciados de intervención, la resolución era innecesaria e incluso “peligrosa”, porque enviaría una señal de debilidad a los adversarios de Washington.
No hay guerra, pero sí un mensaje
Formalmente, el voto del Senado no equivale a una autorización de guerra ni a un mandato para atacar a Cuba. Lo que hace es mantener intacto el statu quo: el presidente puede interpretar, casi en solitario, qué constituye una amenaza y qué tipo de acción militar considera “defensiva” o “preventiva”, sin necesidad de consultar al Congreso en el corto plazo.
Esto ocurre, además, en un contexto de creciente presión sobre La Habana. La administración Trump ha endurecido las sanciones, ha reforzado el cerco financiero y ha apuntado contra el suministro energético a la isla, mientras multiplica la retórica de cambio de régimen. El mensaje implícito de la votación es que todo ese abanico de presiones —y la eventual escalada— seguirá dependiendo casi exclusivamente del cálculo político del presidente.
Para los demócratas que promovían la resolución, el intento buscaba evitar que se repitiera el guion de otros escenarios recientes, como Irán o Venezuela, donde el Congreso llegó tarde a poner límites cuando la maquinaria de la escalada ya estaba en marcha.
Cuba como enemigo “útil” en la política interna
Más allá de los tecnicismos jurídicos, el episodio vuelve a colocar a Cuba como enemigo funcional para la política interna estadounidense. Florida es terreno clave en cualquier elección presidencial, y la narrativa de mano dura contra La Habana sigue siendo rentable entre sectores del exilio cubano y parte del electorado latino conservador.
Para Trump y figuras como Rick Scott, mantener viva la posibilidad de una presión máxima —económica, diplomática e incluso militar— no solo forma parte de su agenda ideológica, sino que moviliza a una base que ve en la confrontación con el gobierno cubano una causa identitaria. La isla se convierte así en ficha de campaña: importa menos por lo que es, y más por lo que simboliza en la disputa partidista al norte del estrecho de la Florida.
Desde esta perspectiva, la derrota de la resolución de Kaine es también victoria para una cierta cultura política en Washington.
La respuesta de La Habana
Aunque La Habana no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento detallado exclusivamente sobre esta votación, el régimen cubano la lee dentro de un patrón más amplio. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla lleva años denunciando la política de Washington como una “estrategia de máxima presión” que combina sanciones económicas, persecución financiera y amenazas veladas de uso de la fuerza, en lo que describe como una “guerra económica” de alcance extraterritorial.
En intervenciones recientes, Rodríguez ha acusado a Estados Unidos de perseguir el viejo objetivo de “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”, y ha llegado a calificar el bloqueo como un “acto de genocidio” contra el pueblo cubano. La narrativa de siempre… y la votación del Senado encaja para la cancillería en esa lectura.
Por su parte, el títere Miguel Díaz‑Canel ha reiterado que, ante cualquier agresión, Cuba respondería con una “guerra de todo el pueblo”, una doctrina defensiva que apuesta por una resistencia prolongada y de alto costo para cualquier invasor. Esto es inviable, partiendo de que la dictadura está completamente sola; ellos lo saben, y en Estados Unidos también. Queda el aparato militar sometido en su propia burbuja y los incrédulos de siempre que creen que defender a un Estado totalitarista es defender a su país. Este sector no opone fuerza alguna ante cualquier perturbación externa.
Esa retórica que, lejos de buscar disuadir a potenciales agresores, busca reforzar internamente la narrativa de “plaza sitiada” e involucramiento de un pueblo moribundo, no compra.
El ángulo de fondo: quién decide la guerra
Si algo deja claro este episodio es que las decisiones de guerra casi nunca resultan del choque limpio entre una víctima inocente y un agresor unilateral. Son el producto de una interacción entre agendas autoritarias, cálculos geopolíticos y necesidades internas de poder, tanto en Washington como en La Habana.
El régimen cubano lleva décadas explotando el conflicto con Estados Unidos como recurso político. En ese juego, La Habana ha aprendido a rentabilizar la hostilidad norteamericana con la eficiencia de quien lleva décadas perfeccionando el mismo mecanismo. Convertirse en opositor estructural del gigante del norte ha servido para legitimar una élite que se reclama defensora de la soberanía mientras administra una economía de escasez crónica, migración masiva y desigualdad creciente.
Del otro lado, si Washington decidiera escalar contra Cuba, la experiencia reciente muestra que, cuando Washington decide usar la fuerza, el proceso real se parece poco a un manual burocrático y mucho más a un botón que se aprieta desde el Despacho Oval.
El ataque con dron que mató a Qasem Soleimani en Bagdad en 2020 se decidió y ejecutó sin declaración de guerra, sin debate previo en el Congreso y sin que la opinión pública supiera lo que estaba por ocurrir; la explicación llegó después, envuelta en el lenguaje de la “autodefensa” y de la disuasión.
Con Venezuela ocurrió algo similar: una combinación de sanciones asfixiantes, operaciones encubiertas, despliegues navales en el Caribe y acciones militares “limitadas” que nunca pasaron por el ritual formal de una guerra declarada, pero que en la práctica constituyeron una intervención prolongada. Lo estamos viendo con Irán y cómo inició la operación.
La administración da la cachetada y luego si quiere, ofrece explicaciones. La cúpula militar cubana debe estar durmiendo realmente poco…
Mira más contenido de la plataforma Fdh desde youtube aquí en Fdh Canal
Máster en investigación, arquitecto, novelista, ensayista y editor. Fundador de la Plataforma Fdh.
