En Cuba, la historia política del último medio siglo en la isla puede leerse como un inventario de caídos en desgracia: del marxismo disciplinario de los sesenta al tecnocratismo desconfiado de este siglo, los “errores” de ministros y cuadros del Partido Comunista han sido tan predecibles como la manera en que el Estado los sepulta. Con consignas, siempre con consignas. Y sin explicaciones, jamás con explicaciones.
Aaron Osoria
Cronología de sentencia del régimen castrista: el esquema
Pero vamos por partes, y con detalle. El caso de Alejandro Gil Fernández (Exministro de Economía y Planificación) condenado a cadena perpetua por espionaje, traición a la patria y una decena de delitos más en diciembre de 2025 es apenas el capítulo más reciente de una liturgia política que se repite con puntualidad revolucionaria desde 1959. La purga como reafirmación del poder, el chivo expiatorio como dispositivo de control, el sacrificio público como pedagogía del terror. Poner la atención hacia otro lado, el pueblo sigue dormido y los revolucionarios de la plana alta del régimen castrista siguen cenando langosta y vino capitalista…
Desde el comandante Huber Matos en 1959 hasta Gil en 2025, pasando por el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en 1989 y la defenestración de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque en 2009, el régimen castrista ha perfeccionado un mecanismo de depuración.
Déjame reconstruir la genealogía completa de esos sacrificios. Quiénes fueron, qué cargos ocupaban, de qué los acusaron, qué castigos recibieron y, sobre todo, qué función política cumplió cada una de esas caídas en el dispositivo de dominación del castrismo.
La caída fundacional: Huber Matos y el precio de disentir (1959)
Hubo una caída que dejó huella en la gramática del poder revolucionario, una que estableció las reglas del juego para todo lo que vendría después. Huber Matos, comandante del Ejército Rebelde y héroe de la Sierra Maestra, fue el primer hombre en descubrir que disentir del rumbo del proceso del posterior régimen castrista equivalía a traición.
En octubre de 1959, apenas diez meses después del triunfo revolucionario, Matos envió una carta a Fidel Castro denunciando la deriva comunista del nuevo gobierno y solicitando su baja del Ejército Rebelde, por segunda ocasión.
“Primera: he llegado a comprender que teniendo que escoger entre adaptarme o arrinconarme para hacer el menor daño posible, lo honrado y lo revolucionario es irse”, escribió Matos el 19 de octubre desde Camagüey, provincia de la que era jefe militar.
La respuesta de Castro fue fulminante. Camilo Cienfuegos —otro comandante rebelde que moriría misteriosamente poco después en un accidente aéreo— fue enviado a arrestar a Matos y a los quince oficiales que renunciaron con él. En lugar de aceptar la dimisión, Castro convirtió la carta en un acto de sedición. Cinco días después del arresto, con Matos todavía incomunicado en un calabozo, Fidel lo hizo condenar a muerte en un acto público masivo donde cientos de miles de cubanos levantaron el brazo aprobando su fusilamiento. Sin haberle dado derecho a ser escuchado. Ah, pero de esto no se acuerdan mucho, la memoria es conveniente siempre.
El juicio, celebrado en diciembre de 1959, fue un espectáculo de acusaciones sin pruebas. Matos fue condenado a veinte años de prisión por “traición a la patria” y “sedición”. La prensa oficial lo presentó como “contrarrevolucionario”, acusándolo de conspirar con la CIA y de planear una contrarrevolución. Nada de eso fue probado. Su único delito había sido decir que la Revolución estaba siendo secuestrada por el comunismo soviético.
El caso Matos dejó claro que, en la Revolución, los juicios se hacen para advertir. Era el año cero de una nueva lógica: la lealtad absoluta a Fidel Castro como único criterio de permanencia en el poder. Disentir era traicionar. Renunciar era conspirar. Dudar era desertar.
Los años sesenta: sectarismo, microfracción y el nacimiento del Partido único (1962-1968)
La institucionalización de la Revolución cubana entre 1962 y 1968 suele presentarse como un proceso natural, pero la historia oculta una realidad mucho más fragmentada. El ascenso del Partido Único no fue un consenso, sino el resultado de la neutralización sistemática de cualquier disidencia interna. Aquí se construyen los cimientos del régimen castrista. De esta manera, el concepto de ‘microfracción’ se convirtió en el arma perfecta para purgar a los antiguos aliados mientras el sectarismo dio lugar a un sistema que priorizó la unidad ideológica sobre la pluralidad que alguna vez prometió la Sierra.
El primer Escalante: sectarismo en las ORI (1962)
A principios de los sesenta, el régimen fusionó las tres principales fuerzas revolucionarias —el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular (PSP, los comunistas históricos) y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo— en las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI). El discurso oficial hablaba de “coordinación revolucionaria”, pero en la práctica fue el primer paso hacia la centralización ideológica total del régimen castrista.
Aníbal Escalante, dirigente del PSP y secretario organizador de las ORI, fue el hombre designado para construir la estructura del nuevo partido. Escalante, disciplinado y eficiente, cometió el error de actuar con autonomía: privilegió la entrada de cuadros del viejo PSP y limitó el ingreso de exmilitantes del M-26-7.
En marzo de 1962, Castro lo acusó públicamente de “sectarismo” y “ambición personal”, lo expulsó del país y desmanteló su red de cuadros. Aquello fue la primera purga interna del nuevo poder, y su mensaje fue inequívoco: nadie debía tener poder propio fuera del control del Comandante en Jefe.
La microfracción: la gran purga ideológica (1968)
Escalante regresó del exilio en 1965, año de fundación del Partido Comunista de Cuba (PCC). Pero entre 1965 y 1968, un grupo de viejos militantes del PSP —nucleados en torno a Escalante— comenzó a circular críticas internas a la línea política del régimen castrista. Denunciaban la penetración de la “pequeña burguesía” en el Comité Central, acusaban al liderazgo de distanciarse de la Unión Soviética, lamentaban la marginación de los viejos comunistas y criticaban la intromisión cubana en asuntos internos de partidos comunistas latinoamericanos. Groso error.
El 28 de enero de 1968, el diario Granma anunció que el Comité Central había sesionado durante tres jornadas para analizar las actividades “contra el Partido y la Revolución” de Aníbal Escalante y compañía, ahora bautizados como los “microfraccionarios”. La versión oficial los acusó de intento de distanciar a Cuba de la URSS para aliarse con Francia. Léelo de nuevo: ¡Francia! Una acusación tan absurda como funcional. La “microfracción” fue presentada como fuerza política sin significación real, pero de intención grave y de corriente “francamente reformista, reaccionaria y conservadora”.
Escalante fue condenado a quince años de prisión, la pena más larga del grupo. Murió unos años después de su regreso a Cuba tras exilio y luego de cumplir su condena. Con esta purga, Castro liquidó los últimos vestigios del comunismo cubano pre-1959 y consolidó un partido hecho a su imagen: militarizado, vertical y personalista. El régimen castrista se apoderaba de todos los dominios y todas las cabezas del pueblo como lobo que cuida su propio matadero de ovejas ciegas…
La Causa Número 1 de 1989 y todo su contexto
El caso Ochoa es la combinación de tres historias que se cruzan: la apuesta del régimen por usar el narcotráfico como herramienta clandestina, la infiltración de la DEA y el miedo de Fidel a que todo terminara en su banquillo. De ahí sale el chivo expiatorio perfecto.
Qué era el Departamento MC y cómo entra Cuba al negocio
A inicios de los ochenta el Ministerio del Interior crea el Departamento MC (Moneda Convertible) para operaciones encubiertas: violar el embargo, conseguir tecnología, financiar actividades externas, manejar dólares fuera del circuito oficial. Cabe destacar que esto mientras metían presos a cubanos que circularan con dólares. La hipocresía del régimen castrista en su máxima expresión…
Bajo la jefatura del coronel Antonio “Tony” de la Guardia, MC monta estructuras en Panamá y otros países, utilizando contrabandistas y lavadores que, a su vez, trabajaban para cárteles colombianos de marihuana y cocaína. Sí, tal cual.
Entre 1987 y 1989, según la versión oficial cubana (nunca creíble), ese grupo organizó 15 operaciones de narcotráfico, introduciendo en Estados Unidos, vía Cuba, unas seis toneladas de cocaína del Cartel de Medellín, a cambio de unos 3,4 millones de dólares. Todo pasando por Varadero y aguas territoriales cubanas.
La clave de la mentira es que el MC era un departamento creado por el Estado, con aval político, subordinado a un ministro (Abrantes) y, según múltiples testimonios, informado a la cúpula. MC no era una célula suelta operando en los márgenes del sistema, no no, era controlado por el propio régimen castrista.
La infiltración de la DEA y el riesgo político
A finales de 1988, la DEA infiltra al menos a un piloto de las rutas de cocaína que iban de Colombia a Varadero. Aquí, como se dice en buen cubano, “se jode todo”. Ese infiltrado y otros contactos permiten documentar cada movimiento del cartel cubano asociado a MC.
Con esa información, Washington acumula evidencia que compromete a Tony de la Guardia y su gente, pero también apunta más arriba, hasta Raúl y Fidel Castro, en un posible complot de narcotráfico internacional con los cárteles colombianos y mexicanos.
Pero hay otro frente. En 1988 es detenido en Panamá el general panameño Manuel Antonio Noriega, y en su expediente aparecen indicios de vínculos con operaciones de droga donde aparecen mencionados cubanos. En paralelo, un capo venezolano, Ramón Milián Rodríguez (según fuentes), menciona a Raúl Castro en tramas de cocaína, lo que enciende todas las alarmas en La Habana.
El peligro rebasaba lo penal hacia lo político y geopolítico. Que salieran nombres de Fidel y Raúl en un juicio en Estados Unidos podía justificar acciones duras de Washington en plena Guerra Fría tardía.
Entra Ochoa en escena
El general Arnaldo Ochoa Sánchez era un héroe absoluto de la Revolución: campañas en Angola y Etiopía, popularidad enorme en las FAR, título de “Héroe de la República”.
En 1988, Tony de la Guardia viaja a Angola para reunirse con Ochoa. Allí se discute la posibilidad de usar rutas y logística controladas por el general para operaciones de narcotráfico con el Cartel de Medellín.
Según un análisis detallado de la “crónica oscura” de la Causa 1, el capitán Jorge Martínez, subordinado de Ochoa, viaja en mayo de 1988 a Medellín con pasaporte falso proporcionado por MC para reunirse con Pablo Escobar y negociar envíos de cocaína vía Cuba. La paga para la parte cubana sería de unos 1.200 dólares por kilo.
Aquí se abre la zona gris.
La versión oficial del régimen castrista dice que Ochoa intentó montar por su cuenta una “asociación personal y directa” con Escobar, al margen de la dirección del país.
Testimonios críticos sostienen lo contrario: que las operaciones eran política de Estado, que MC actuaba bajo el paraguas de Raúl y Fidel, y que cuando se vio que la DEA tenía el caso armado, había que cortar la cadena por abajo. Típico del régimen.
Cuando la trama se cae: giro al juicio-espectáculo
A finales de 1988, la DEA ya ha seguido vuelos, lanchas y contactos. La administración Reagan lleva años denunciando vínculos de altos funcionarios cubanos con el narcotráfico.
A comienzos de 1989, la red de MC detecta que está infiltrada. Empiezan a cerrar operaciones, pero el daño está hecho: hay suficientes datos para un escándalo internacional que puede salpicar directamente a la cúpula cubana.
En mayo de 1989, se ordena a Antonio y Patricio de la Guardia regresar a Cuba. El Departamento MC es desactivado. Poco después, se arresta a Ochoa y a su entorno.
El 30 de junio inicia ante un Tribunal Militar Especial en la sede del MINFAR el juicio conocido como Causa Número 1 contra Ochoa, Antonio y Patricio de la Guardia, Jorge Martínez, Amado Padrón y otros 12 funcionarios del MININT.
Se les acusa de “narcotráfico con el agravante de traición a la Patria”, delitos contra la seguridad del Estado.
El desarrollo del juicio y las “autoinculpaciones”
El juicio se televisa casi completo durante semanas. Ochoa aparece cansado, hinchado, y en varias intervenciones asume culpa general, pide perdón y reconoce errores de disciplina.
Mira este detalle: según recogen crónicas posteriores, en ningún momento da detalles claros que incriminen a Fidel o Raúl, y en algunos tramos afirma que él mismo desconocía que otros imputados desarrollaban actividades de narcotráfico.
La hija de Tony de la Guardia relata que su padre y el grupo fueron juzgados primero por un tribunal de honor militar que los degradó, y luego por el Tribunal Militar Especial, cuyas condenas fueron aprobadas en sesión extraordinaria del Consejo de Estado, presidida por el propio Fidel.
Ella misma subraya que el dinero obtenido en algunas operaciones se enviaba directamente a las autoridades del gobierno cubano, pero en el juicio jamás se habló de cuentas, montos ni destinos. El rastro económico que podía comprometer a niveles superiores fue deliberadamente borrado de escena.
La pena de muerte y la manipulación legal
El 7 de julio de 1989 el Tribunal Militar Especial dicta sentencia: pena de muerte para Ochoa, Tony de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez. Treinta años de prisión para Patricio de la Guardia y otros altos oficiales. Veinticinco y veinte años para el resto.
Aquí viene un dato jurídico clave, y es que el delito de tráfico de drogas contemplado en el artículo 190 del Código Penal de 1989 contemplaba pena máxima de 15 años. La pena de muerte, sencillamente, no estaba prevista para narcotráfico.
Tergiversaron a más no poder un caso de por sí plagado de dudas, enmarcado dentro de los delitos contra la paz y el derecho internacional y la “seguridad del Estado” para usar la pena capital. O sea, fue asesinato, tal cual.
Déjame repetirlo para que quede claro: el narco por sí no era suficiente para fusilar. Había que elevarlo a la categoría de traición y amenaza estratégica para justificar matar.
La imagen del régimen castrista se lava como todo el dinero robado
Ochoa cumplía el perfil perfecto: héroe nacional, popular en las FAR, conocedor de las operaciones en Angola y con subordinados implicados en el esquema Escobar. Sacrificarlo permitía enviar un doble mensaje: hacia fuera (“Cuba no tolera el narco”) y hacia dentro (“nadie está por encima del Comandante”).
Qué queda claro hoy
A partir de la documentación disponible, se puede decir con bastante seguridad lo siguiente.
Hubo un uso sistemático del territorio y aparatos del Estado cubano para operaciones de narcotráfico ligadas al Cartel de Medellín, al menos entre 1987 y 1989, bajo mando del Departamento MC del MININT.
La infiltración de la DEA y el contexto de Guerra Fría avanzada hicieron temer que ese escándalo terminara en los tribunales de Estados Unidos con Fidel y Raúl nombrados como cómplices.
El juicio de la Causa 1 se diseñó como operación de contención: admitir un foco “desviado” de oficiales “corruptos y traidores”, fusilarlos y presentar al régimen como limpiador ejemplar de su propia casa, bloqueando así, de paso, investigaciones externas.
Ochoa fue, en efecto, un chivo expiatorio de lujo, y por eso es el más reconocido, no así el más recordado como debe ser.
Los noventa: el plan pijama y las caídas silenciosas
En la Cuba de los noventa, mientras el país se hundía en la precariedad del Periodo Especial, en los pasillos del poder se perfeccionaba un método de purga mucho más sutil que el juicio sumario: el destierro domiciliario. El llamado ‘Plan Pijama’ no solo fue una estrategia de jubilación forzosa; fue la herramienta para desactivar liderazgos que, tras el trauma del caso Ochoa, comenzaban a cuestionar el rumbo del sistema.
Carlos Aldana: el ideólogo demasiado poderoso (1992)
Carlos Aldana Escalante fue el jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista durante los años de la perestroika y el colapso del bloque soviético. A comienzos de los noventa, Aldana era el rostro visible del Partido, el encargado de la “rectificación de errores” y, según muchos observadores, el único que hablaba con cierta franqueza.
En septiembre de 1992, con cincuenta años y una nutrida hoja de servicios en el Comité Central, Aldana fue defenestrado por “graves defectos en el desempeño del cargo” y “serios errores personales”.
Días después de su destitución, el propio Aldana validó los argumentos oficiales del régimen en una entrevista con el periodista mexicano Mario Vázquez Raña. Afirmó que había cometido errores, negó diferencias con Fidel Castro y se definió como fidelista. Era el libreto clásico de la autocrítica forzada. Aldana murió en 2024 en La Habana, a los 82 años, en el olvido total.
Roberto Robaina: el canciller demasiado carismático (1999)
Roberto Robaina fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1999, durante los años más duros del Período Especial. Joven y carismático, había sido líder de la Unión de Jóvenes Comunistas y movilizó a decenas de miles de cubanos en torno a nuevas consignas políticas. Era considerado por muchos como el posible sucesor de Fidel Castro. Mmm, no suena tan bien como pareciera dentro del régimen castrista.
En mayo de 1999 fue destituido “por pérdida de confianza” y por “conductas impropias de un cuadro dirigente”. Sin juicio, sin detalles públicos. El mensaje fue claro: demasiada visibilidad es peligrosa en un sistema que desconfía de quienes atraen demasiado las miradas.
En 2002, Robaina fue expulsado “deshonrosamente” del Partido Comunista. Se le expuso en varias situaciones comprometedores y hoy pinta cuadros y evita las cámaras mientras saca provecho de sus negocios en Cuba (bares).
El siglo XXI: purgas económicas y el regreso del juicio formal
El siglo XXI cubano comenzó bajo la promesa de una ‘actualización del modelo’, pero terminó convirtiéndose en un campo de batalla por el control de la caja chica de la nación. A diferencia de las purgas ideológicas del pasado, las caídas del presente huelen a petróleo, turismo y desvío de divisas…
Juan Carlos Robinson: el primer miembro del Buró Político condenado
En junio de 2006, Juan Carlos Robinson Agramonte, primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba y miembro del Buró Político, fue sentenciado a doce años de cárcel por “tráfico de influencias de carácter continuado”.
Fue la primera vez en la historia del PCC que un miembro del Buró Político enfrentaba un proceso penal formal. El caso coincidió con una campaña oficial contra la corrupción decretada por Fidel Castro a finales de 2005, y Robinson fue convertido en chivo expiatorio. Así se maniobra de siempre el régimen castrista, fíjese los patrones repetidos en cada caso. En diciembre de 2005, el entonces canciller Felipe Pérez Roque lideró la cruzada contra la corrupción, advirtiendo que “la traición o la corrupción se combate más duro cuanto más alto se está”.
En la sentencia, se demostró que Robinson, “en franco proceso de debilitamiento ideológico, con abuso de su cargo, olvido de sus altas responsabilidades y de la probidad exigida para un cuadro revolucionario, hizo uso de sus influencias con el propósito de obtener beneficios”. Robinson fue liberado en 2010 tras cumplir un tercio de su condena.
Alejandro Roca Iglesias: corrupción con empresario chileno (2011)
En mayo de 2011, Alejandro Roca Iglesias, exministro de la Industria Alimenticia y miembro del Comité Central del PCC, fue condenado a quince años de prisión por “cohecho de carácter continuado y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación”.
Roca fue muy cercano al Che Guevara desde los años del primer Ministerio de Industrias creado en 1962, y en 1978 fue uno de los fundadores de la corporación CIMEX, convertida en el mayor holding comercial de la isla. El caso involucraba negocios turbios con el empresario chileno Max Marambio —exguardaespaldas de Salvador Allende— en la corporación Alimentos Río Zaza. Marambio fue condenado en ausencia a veinte años de cárcel.
El Granma sentenció: “Por deficiencias éticas y morales graves”. Nadie volvió a mencionarlo. Así de simple.
La purga de 2009: espionaje español y “la miel del poder”
El año 2009 marcó la purga más masiva desde 1989. En marzo de ese año, el general Raúl Castro destituyó al vicepresidente Carlos Lage Dávila, al canciller Felipe Pérez Roque, al jefe de Relaciones Internacionales del PCC Fernando Remírez de Estenoz, al vicepresidente del Consejo de Ministros Otto Rivero, al jefe de Despacho de Fidel Castro Carlos Valenciaga, y a las ministras Marta Lomas (Inversión Extranjera) y Raúl de la Nuez (Comercio Exterior). El ruido y los susurros sobre la mala gestión y el descaro del régimen castrista llegó a los oídos de los leviatanes, y ante los desastres y las tensiones sociales todavía moderados, era necesario un escarmiento masivo.
El detonante: caso Conrado Hernández y el CNI español
En febrero de 2009 Conrado Hernández, representante en Cuba de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial del País Vasco, fue acusado de colaborar con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. Raúl Castro exhibió ante la cúpula del Partido un video donde Hernández admitía haber sido reclutado por el CNI en 2006 y donde se mostraban conversaciones con Lage, Pérez Roque, Remírez de Estenoz y Rivero, en las que se filtraban documentos clasificados, se criticaba a Fidel y Raúl Castro, y se revelaban informes sobre el proceso electoral del País Vasco antes de que tuvieran lugar.
“La miel del poder”
El 3 de marzo de 2009, Fidel Castro publicó un duro artículo contra los destituidos. “La miel del poder por el cual jamás conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos”.
Los dos cuadros más prometedores del gobierno pasaron en cuestión de días del despacho ministerial a la irrelevancia. Sin cargos judiciales contra ellos, solo lapidación pública de sus nombres y su reputación. A Lage le devolvieron su bata médica, a Pérez Roque su anonimato. En la jerga cubana, entraron en “plan pijama”: ni condenados del todo, ni rehabilitados jamás.
Hoy, Pérez Roque y Rivero trabajan como ingenieros electrónicos en fábricas de La Habana. Valenciaga está en los archivos de la Biblioteca Nacional, y Lage, al parecer, sigue en su casa, con el estatus conocido en Cuba como “plan pijama”. Todos con sus cosillas por ahí, lógicamente. O sea, dinero de vaya a saber dónde para seguir en un perfil invisible.
Rogelio Acevedo: el general histórico en desgracia
En marzo de 2010, el general de división Rogelio Acevedo González, de 69 años, fue destituido como presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. Acevedo era un revolucionario histórico que había combatido bajo las órdenes del Che Guevara en la Sierra Maestra y llevaba dos décadas al frente de la aviación civil cubana.
La nota oficial ofreció cero explicaciones, limitándose a señalar que “al compañero Acevedo González se le asignarán otras tareas”. Versiones sin confirmar que circularon por internet indicaban que la policía cubana habría descubierto una cantidad indeterminada de dinero escondida en la cisterna del cuarto de baño de su casa. Se mencionó también que estaba envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con su esposa y el uso extraoficial de aviones cubanos para trabajos en el extranjero. Eso solo se reserva para la familia del régimen castrista, para nadie más.
Jorge Luis Sierra Cruz: el delfín que autorizó Mercedes Benz (2010)
En mayo de 2010, Jorge Luis Sierra Cruz, ministro de Transporte, vicepresidente del Consejo de Ministros y miembro del Buró Político, fue destituido de modo fulminante por “errores cometidos en el desempeño de sus funciones”.
Sierra, de 49 años, era considerado uno de los “delfines” políticos de la era de Raúl Castro. Su pecado fue autorizar la importación de automóviles sin pago de impuestos a aquellos cubanos que tuvieran un vehículo viejo para entregar a cambio y dinero suficiente para comprarse uno nuevo en el extranjero.
La medida parecía inteligente: renovar el parque automotriz sin inversiones por parte del gobierno. Pero las cosas se salieron de cauce. De inmediato comenzaron a circular por La Habana Mercedes Benz y BMW del año, adquiridos por artistas con recursos financieros suficientes, pero también por personas de sueldos magros. La decisión irritó a figuras de las altas esferas gubernamentales, y Sierra fue sacrificado.
El engaño no se podía sostener si el cubano de a pie veía en su país que otra vida era posible, que no conocía nada del mundo y que las comodidades en las películas no eran de un mundo imaginario. El régimen castrista tenía que mantener pobre la mente, el ideal, la ambición y los sueños del pueblo.
Alejandro Gil: el último chivo expiatorio de una crisis terminal (2024-2025)
El caso de Alejandro Gil Fernández es el más sonado entre los funcionarios que han caído en desgracia desde 2009. Gil fue ministro de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, y viceprimer ministro desde 2019 hasta su destitución en febrero de 2024.
El mal arquitecto de la Tarea Ordenamiento
Gil fue la imagen pública de las nefastas y absurdas reformas monetarias y financieras implementadas en 2021, conocidas como la Tarea Ordenamiento, que prometían sacar al país del estancamiento económico con la unificación del sistema monetario y una reforma de precios y salarios. La verdadera intención era atraer dólares directos al régimen castrista.
La reforma multiplicó salarios y precios estatales sin respaldo en producción, expandiendo de golpe la masa monetaria sin base productiva. Cuba, ya afectada por una crisis económica y la escasez de productos, experimentó una espiral inflacionaria devastadora que pulverizó el salario real y hundió a la población en la hiperinflación.
El chiste de espionaje y traición
Destituido en febrero de 2024, Díaz-Canel afirmó que Gil había cometido “graves errores”, pero sin dar más detalles. En octubre de 2025, la Fiscalía General de la República anunció que Gil estaba bajo investigación del Ministerio del Interior por una decena de delitos: espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, sustracción y daño de documentos en custodia oficial, violación de los sellos oficiales, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. Todo en el momento de más tensión social, en el momento de dudas y debilidad institucional e ideológica, en el momento de amenaza. Todos los patrones juntos.
El juicio se dividió en dos etapas, ambas celebradas en noviembre de 2025, siempre a puerta cerrada y con total control del régimen castrista. El 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo Popular de Cuba anunció la sentencia: cadena perpetua por espionaje y traición a la patria, más veinte años de cárcel en una segunda causa por cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal. De risas.
El tribunal concluyó que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía”. Según el comunicado oficial, el exministro “incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”.
El comunicado sigue, pero ni vale la pena gastar caracteres en poner acá algo tan estúpido.
Lo que sí vale la pena decir es que el Tribunal Supremo ofreció cero detalles sobre la labor exacta de espionaje ni para quién espiaba. Tampoco se explicó cómo un ministro pudo diseñar, aprobar e implementar durante años una reforma económica catastrófica sin que la dirección del país —el Consejo de Ministros, el Buró Político, el propio presidente Díaz-Canel— se enterara. Circo, puro performance del régimen castrista que no se cansa de la misma película porque no quiere soltar la teta famélica a la que sostiene para seguir engordando sus bolsillos sucios.
El mecanismo del chivo expiatorio: tres funciones, un patrón
Si superpones todos los casos —desde Huber Matos en 1959 hasta Alejandro Gil en 2025— el mecanismo se ve con claridad. Las purgas políticas en Cuba cumplen tres funciones a la vez.
Primero, eliminar figuras con poder autónomo:
Arnaldo Ochoa era demasiado popular entre los militares. Roberto Robaina era demasiado carismático. Carlos Lage era el número dos de facto del gobierno. Carlos Aldana acumuló demasiado poder al manejar ideología y relaciones internacionales. Todos representaban, de una u otra forma, una amenaza potencial al liderazgo unipersonal del régimen castrista, de los hermanos Castro.
Segundo, desviar la responsabilidad del fracaso sistémico:
Cuando el modelo entra en crisis —el fin de la ayuda soviética en 1989, el Período Especial de los noventa, la crisis económica y energética actual— se busca un rostro concreto que cargue con el fracaso. Ochoa fue el “narcotraficante”, Lage y Pérez Roque los “ambiciosos”, Gil el “mal economista” y casi “traidor”. El poder real —la cúpula político-militar y el conglomerado GAESA— queda siempre fuera del banquillo.
Tercero, enviar un mensaje de terror disciplinario:
El paredón de 1989, los juicios televisados, las autocríticas forzadas, el “plan pijama”, las expulsiones deshonrosas del Partido: todo está diseñado para enviar un mensaje al resto del aparato. La lealtad absoluta es la única garantía de supervivencia. La ambición política es castigada. La popularidad es peligrosa.
De Ochoa a Gil, línea de tiempo de la impunidad del poder
En seis décadas de purgas políticas, el castrismo ha perfeccionado una liturgia del sacrificio que funciona como dispositivo de control y como mecanismo de supervivencia del sistema.
El caso Gil cierra —por ahora— una línea que comenzó con Matos en 1959 y que incluye a decenas de figuras: comandantes revolucionarios, ministros, viceministros, miembros del Buró Político, cancilleres, ideólogos, generales históricos. No se salva nadie que no este alineado y alienado a la más alta estatua de hierro del régimen castrista.
La novedad del caso Gil es que el régimen ya no logra esconder que la catástrofe económica es sistémica. Mientras Gil va a cadena perpetua, el conglomerado militar GAESA y la cúpula político-militar quedan al margen, blindados y sin asumir costo alguno. Pero ya se sabe, y cada vez el cuento vende menos.
La historia del castrismo puede leerse, también, como un inventario de caídos en desgracia: del marxismo disciplinario de los años sesenta al tecnocratismo desconfiado de este siglo, los “errores” de los ministros y cuadros del Partido Comunista han sido tan predecibles como la manera en que el Estado los sepulta. Con consignas, siempre con consignas. Y sin explicaciones, jamás con explicaciones.
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Arquitecto, profesor y escritor, fundador de Fdh Journal. Dedicado al análisis político, deporte, cultura y filosofía práctica. Promotor de la consigna “pensar como entretenimiento”.
