Nicolás Maduro se declaró inocente ante un tribunal federal de Nueva York. Enfrenta cadena perpetua por narcoterrorismo. Es el primer presidente en ejercicio juzgado por un tribunal nacional extranjero en la historia moderna.
Aaron Osoria
El desarrollo del hecho: Maduro estaba nervioso según reportes
A las 12:01 del mediodía, hora de Nueva York, Nicolás Maduro Moros caminó hacia el estrado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan con las manos esposadas a la espalda y un uniforme de prisión. El hombre que durante once años hundió y reprimió Venezuela —y que hace apenas 72 horas dormía en entre Miraflores y fortalezas— escuchó a través de auriculares de traducción simultánea cómo el juez Alvin K. Hellerstein le leía cuatro cargos federales que podrían confinarlo de por vida en una prisión estadounidense.
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente de mi país”, respondió Maduro en español cuando el magistrado de 92 años le preguntó cómo se declaraba. Luego intentó explicar que había sido secuestrado de su hogar en Caracas, pero Hellerstein lo interrumpió con frialdad judicial:
“Ya habrá tiempo y lugar para que lleguemos a eso”.
No lo habrá pronto. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo, y el juicio completo podría extenderse hasta finales de 2026. Lo que sí quedó claro en esos treinta minutos de procedimiento es que Estados Unidos no tiene intención de negociar. La fiscal general Pam Bondi dijo que “no hay negociación ni indulto”. La recompensa de 50 millones de dólares que Washington ofreció por información conducente a la detención de Maduro ya cumplió su propósito.
La arquitectura de la acusación a Maduro
La acusación federal, un documento de 25 páginas desclasificado esta semana, presenta a Maduro no como un presidente sino como el líder operativo de lo que denomina el “Cártel de los Soles“, una organización criminal que habría facilitado el tráfico de hasta 250 toneladas anuales de cocaína hacia territorio estadounidense.
Los cargos específicos son cuatro:
Conspiración de narcoterrorismo bajo el estatuto 18 U.S.C. § 2339B
Conspiración para importar cocaína
Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
Conspiración para poseer armas ilegales.
La Fiscalía sostiene que la operación involucraba cooperación directa con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, uso del hangar presidencial en aeropuertos venezolanos para envíos, y un sistema de sobornos que llegaba hasta 100,000 dólares mensuales por vuelo de cocaína para “asegurar paso seguro”. Parte de la evidencia proviene de 2015, cuando los sobrinos de Cilia Flores —esposa de Maduro y coacusada en este proceso— fueron grabados acordando envíos desde instalaciones presidenciales. Ambos fueron condenados en 2017 a 18 años de prisión.
Cilia Flores, quien también compareció el lunes con uniforme de prisión y aparentes rasguños en el cuerpo según observó su defensa, se declaró “completamente inocente”. La acusación la señala de coordinar reuniones entre narcotraficantes y funcionarios antidrogas venezolanos, aceptando sobornos por cientos de miles de dólares desde al menos 2007. Entre los demás coacusados figuran Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador; Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior; y tres personas adicionales no identificadas públicamente.
La pena máxima para estos cargos es cadena perpetua bajo las directrices federales estadounidenses.
El juicio de Maduro: precedente sin paralelo
La captura y procesamiento de Maduro establece un precedente que ningún manual de derecho internacional contemplaba hasta ahora: es el primer presidente en ejercicio juzgado formalmente ante un tribunal nacional extranjero, no internacional. La distinción es fundamental.
Cuando Slobodan Milošević fue procesado en La Haya, lo fue ante el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, un órgano creado por el Consejo de Seguridad de la ONU con jurisdicción reconocida. Cuando Omar al-Bashir enfrentó órdenes de arresto, provinieron de la Corte Penal Internacional. Maduro enfrenta cargos en un tribunal federal estadounidense, bajo legislación estadounidense, por una captura militar ejecutada sin mandato del Consejo de Seguridad.
La operación de detención ocurrió en la madrugada del sábado 3 de enero como todos saben. A las 11:30 de la mañana, Maduro y Flores entraron en custodia de autoridades estadounidenses. Ya a las 4:31 de la tarde, el avión que los trasladaba aterrizó en Nueva York. Los detalles operativos permanecen clasificados, pero la defensa ya calificó la acción como “bombardeo y secuestro”, alegando que Flores sufrió fracturas de costillas durante el operativo.
Expertos en derecho internacional como William Schabas, de la Universidad de Leiden, consideran la operación una violación de la Carta de las Naciones Unidas. El uso de fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad, argumentan, constituye agresión militar y viola el principio de no intervención en asuntos internos de estados soberanos. Pero aquí emerge el dilema jurídico central del caso: la ilegalidad del método de captura no exime la responsabilidad penal individual por los crímenes documentados.
La Corte Suprema estadounidense resolvió esta cuestión en 1992, en United States v. Alvarez-Machain, aceptando jurisdicción sobre un ciudadano mexicano secuestrado en su país por agentes de la DEA. El tribunal dictaminó que la ilegalidad de la detención no invalida la jurisdicción si la evidencia es independiente del método de captura. Es el precedente que la Fiscalía invocará, y es el obstáculo que la defensa de Maduro deberá superar, lo cual parece complicado.
Los abogados del caso imposible para un juicio inédito
Barry J. Pollack llegó al Tribunal Federal de Manhattan con un historial que pocos abogados penalistas pueden presumir. En 2024, logró la liberación de Julian Assange después de 15 años de confinamiento, negociando un acuerdo de culpabilidad que redujo acusaciones federales por la mayor filtración de información clasificada en la historia estadounidense a un único cargo menor de espionaje. Assange salió libre el mismo día. Ahora Pollack representa a Nicolás Maduro, y la pregunta obvia es si puede repetir una hazaña parecida.
La estrategia inicial de Pollack se articula en tres líneas argumentales.
La primera es inmunidad soberana: Maduro, sostiene, es “líder de un Estado soberano” con privilegios diplomáticos que un tribunal extranjero no puede ignorar.
La segunda es la ilegalidad de la captura, que califica como “secuestro militar” violatorio del derecho internacional.
La tercera, más provocadora, es el estatus de prisionero de guerra: Maduro se autodefinió así durante la audiencia, invocando los Convenios de Ginebra.
Cada una de estas líneas enfrenta obstáculos formidables. Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro desde las elecciones de 2024, lo que debilita el argumento de inmunidad soberana —el mismo razonamiento que permitió procesar a Manuel Noriega en 1992. El argumento de captura ilegal choca con el precedente Alvarez-Machain. Y el estatus de prisionero de guerra requiere un reconocimiento de beligerancia que no existe, porque Estados Unidos no ha declarado guerra formal contra Venezuela.
Washington dio golpe con un estudio calculado para no dar oportunidad en el caso.
Mark E. Donnelly, quien representa a Cilia Flores, aporta una perspectiva diferente. Trabajó durante más de una década en el Departamento de Justicia, incluyendo roles de liderazgo en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, una de las jurisdicciones más activas del país en narcotráfico y crimen organizado. Conoce las tácticas fiscales desde adentro.
En la audiencia del lunes, Donnelly solicitó atención médica para Flores, denunciando “heridas visibles” tras el operativo de captura. La movida cumple un doble propósito: establece registro de posible trato abusivo, relevante para argumentos de debido proceso, y posiciona a Flores para potenciales acuerdos de inmunidad de testigo, dado que su defensa es independiente de la de Maduro.
Pollack tomó una decisión táctica notable en la primera audiencia: no solicitó libertad bajo fianza. La lógica es evitar un rechazo judicial temprano que fortalezca la posición de la Fiscalía y establezca un tono adverso para el resto del proceso. Es el tipo de cálculo que distingue a un abogado de élite de uno competente.
La paradoja de Maduro como hombre de pueblo
Una pregunta circula en los pasillos del tribunal y en las redacciones que cubren el caso es: ¿cómo puede un líder que declaraba públicamente ganar 2 petros mensuales —unos 120 dólares— contratar a dos de los abogados penalistas más caros de Estados Unidos? La respuesta es simple y revela la distancia abismal entre el “discurso bolivariano” y la realidad documentada por múltiples investigaciones internacionales.
En agosto de 2025, la administración Trump ordenó la incautación de bienes valorados en 700 millones de dólares directamente vinculados a Maduro. El inventario incluía dos aviones privados —un Gulfstream G550 y un Learjet 60—, una mansión de 18 millones de dólares en República Dominicana, propiedades en Coral Gables y Sunny Isles Beach, nueve vehículos de lujo entre los que figuraban un Rolls-Royce, un Bentley y un Lamborghini, una granja de caballos en Ocala, Florida, y una colección de relojes Patek Philippe, Audemars Piguet y Richard Mille valorados en cientos de miles de dólares cada uno.
Transparencia Venezuela estima que el patrimonio total de Maduro y su círculo cercano alcanza los 3,800 millones de dólares. Los mecanismos de acumulación incluyen redes de corrupción en PDVSA, comercio ilegal de oro, sistemas de sobornos en contratos estatales y, según la acusación federal, participación directa en el narcotráfico a gran escala. Testaferros como Alex Saab —quien manejó contratos por 159 millones de dólares y ya cooperó con la DEA— y Raúl Gorrín —presidente de Globovisión, que movió 5,600 millones de dólares entre 2011 y 2013 en cuentas suizas— sirvieron como conductos financieros del régimen.
Los 700 millones incautados representan, según analistas, apenas la punta del iceberg. Miles de millones permanecerían ocultos en jurisdicciones no cooperativas como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, además de activos en criptomonedas derivados del escándalo PDVSA-Cripto, que reveló el desvío de 21,000 millones de dólares. Costear una defensa de 3 a 6 millones de dólares —la estimación para un caso federal complejo de esta magnitud— representa menos del 0.2% de la fortuna estimada. Sí, hombre de pueblo, e idiotas los que le compraron el discurso sin ver un solo billete. Para que un régimen se sostenga por tantos años, necesitas dinero, porque la ideología se vende a través de los dólares para ser comunistas de puertas para afuera.
El costo humano del régimen de Maduro
Mientras Maduro acumulaba relojes suizos y propiedades en Florida, Venezuela se convertía en el escenario de una de las crisis humanitarias más severas del hemisferio occidental. Los informes de la ONU documentan la correlación entre lo que denominan “gobernanza criminal” y el colapso socioeconómico del país.
Las cifras de 2025 son realmente atroces, con veinte millones de venezolanos viviendo en pobreza multidimensional, de una población de 28.8 millones. No es todo, pues catorce millones enfrentan necesidades críticas, y por si fuera poco, cinco millones sufren inseguridad alimentaria. La inflación proyectada para este año supera el 270%, y el salario mínimo es más de mil veces inferior al costo de la canasta básica. El sistema de salud colapsó al punto de que el 28% de los dispensarios farmacéuticos carecen de medicamentos esenciales, obligando a los venezolanos a elegir entre comprar comida o medicinas. Un desastre total, sólo superado por la dictadura cubana, quien exportó a Venezuela el sistema de control mediante la miseria.
Ocho millones de personas han abandonado el país desde 2014. Solo entre enero y octubre de 2024, 198,000 cruzaron el Tapón del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá y que se ha convertido en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. La Misión de la ONU identificó más de 45 funcionarios de inteligencia con responsabilidad directa en torturas y detenciones arbitrarias, documentando operaciones selectivas como “Brazalete Blanco”, desapariciones forzadas convertidas en “instrumento frecuente de represión”, violencia sexual sistemática como herramienta de intimidación, y simulacros de ejecución contra manifestantes.
Los escenarios posibles de juicio a Maduro
El proceso judicial entra ahora en la fase de descubrimiento de pruebas. Durante los próximos dos meses, la Fiscalía debe entregar a la defensa el material probatorio recopilado: documentos financieros, interceptaciones telefónicas, testimonios de cooperantes, registros de transferencias bancarias y contratos de PDVSA. La defensa, por su parte, preparará las mociones de impugnación jurisdiccional que presentará el 17 de marzo.
Los expertos en derecho penal federal contemplan cuatro escenarios.
El más probable, con un 40 a 50% de posibilidades según estimaciones de analistas, es que el caso llegue a juicio con jurado. La selección de jurado en Manhattan sería un proceso complejo dada la exposición mediática, y el juicio podría extenderse entre tres y seis meses. Si la evidencia es tan contundente como sugiere la acusación —223 casos investigados directamente por la Misión de la ONU, testimonios de cooperantes, rastreo financiero de miles de millones—, la probabilidad de condena en la mayoría de los cargos supera el 70%, con sentencia de cadena perpetua.
El segundo escenario, con un 30 a 40% de probabilidad, es un acuerdo de culpabilidad. Pollack tiene historial de negociar reducciones dramáticas en casos federales graves, y ante evidencia abrumadora podría buscar reducir los cargos de narcoterrorismo —que conllevan cadena perpetua— a conspiración para importar cocaína, con una sentencia de 15 a 25 años y posibilidad de libertad condicional. La ventaja para Maduro sería evitar el riesgo de morir en prisión; la ventaja para la Fiscalía, garantizar una condena sin el riesgo de absolución por tecnicismos.
El tercer escenario, absolución por inmunidad, tiene una probabilidad estimada de apenas 5 a 10%. Requeriría que Hellerstein o un tribunal de apelaciones aceptaran que Maduro era presidente efectivo con inmunidad soberana, independientemente de la legitimidad electoral que Estados Unidos le niega. Los precedentes legales no favorecen este argumento.
El cuarto escenario, improbable pero no descartable, es la suspensión del proceso por incompetencia médica o muerte en custodia. Maduro tiene 63 años y la defensa ya mencionó “problemas de salud” no especificados. Las condiciones carcelarias y la tensión del proceso podrían deteriorar su estado físico o psicológico. Si esto ocurriera, el caso se cerraría sin veredicto, y el chavismo internacional ganaría un mártir.
Maduro, captura y juicio: el precedente que nadie quería
William Schabas advirtió que la operación estadounidense “sembrará vientos que traerán tempestades” para el orden internacional. La preocupación no es menor. Si se legitima la captura militar unilateral de un jefe de Estado, ¿qué impide que otras potencias actúen de manera similar? ¿Qué distingue esta acción de las intervenciones que Estados Unidos ha condenado históricamente cuando las ejecutan adversarios?
La respuesta de Washington es que los crímenes documentados justifican medios extraordinarios. La acusación presenta a Maduro no como un gobernante legítimo sino como el líder de una organización criminal transnacional responsable de inundar Estados Unidos con cocaína mientras su pueblo moría de hambre y huía por selvas mortales. Desde esta perspectiva, la captura no fue un acto de agresión sino de justicia largamente postergada.
Ambas lecturas coexistirán durante los próximos meses, mientras el juez Hellerstein —un magistrado de 92 años que ha presidido casos desde los atentados del 11 de septiembre hasta el de Michael Cohen— decide si un presidente capturado por fuerzas militares extranjeras puede ser juzgado bajo legislación doméstica. La respuesta definirá no solo el destino de Nicolás Maduro, sino los límites de la soberanía en un mundo donde el poder ya no respeta las fronteras que alguna vez trazó.
El “hombre de pueblo” que nunca existió enfrentará ahora al sistema judicial del país que juró combatir. Si la ironía le resulta amarga, tendrá décadas para reflexionar sobre ella.
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Arquitecto, profesor y escritor, fundador de Fdh Journal. Dedicado al análisis político, deporte, cultura y filosofía práctica. Promotor de la consigna “pensar como entretenimiento”.
Considero que el poder no justifica las malas acciones y en política podría desatar grandes desastres
Es un gran material para analizar
Gracias y bendiciones