La madrugada del 2 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro de Caracas en una operación militar que Washington bautizó como “Resolución Absoluta”. Apenas unos días se habló de una escalada inminente. Finalmente, ha sucedido.
Aaron Osoria
Captura de Maduro: los hechos
El dictador venezolano está ahora en Nueva York, enfrentando cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas contra Estados Unidos. Donald Trump ha declarado que su gobierno asumirá el control temporal de Venezuela mientras se organiza una “transición adecuada”. La operación, por su escala y sus implicaciones jurídicas, marca un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas y en la arquitectura del derecho internacional que gobierna el uso de la fuerza entre Estados.
La Fuerza Delta del Ejército estadounidense, la misma unidad que eliminó al líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, irrumpió en la residencia fortificada de Maduro tras meses de preparación meticulosa. Comandos de élite habían ensayado la misión en una réplica exacta de la casa segura construida específicamente para el entrenamiento.
La CIA desplegó agentes clandestinos en Venezuela desde agosto de 2025, reclutando fuentes dentro del círculo íntimo del presidente. Una de esas fuentes, descrita en reportes del New York Times como “un activo cercano a Maduro”, vigiló sus movimientos durante toda la operación para señalar su ubicación exacta en el momento clave. Drones sigilosos proporcionaron vigilancia casi continua. La recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado pudo haber sido el incentivo decisivo para obtener esa cooperación interna.
A las dos de la madrugada, hora de Caracas, las fuerzas especiales entraron fuertemente armadas, incluso con sopletes para cortar las puertas de acero si fuera necesario. Ataques aéreos simultáneos alcanzaron objetivos militares estratégicos en la base aérea de La Carlota. Imágenes de Reuters mostraron vehículos militares carbonizados de unidades antiaéreas venezolanas. La operación movilizó 150 aeronaves entre helicópteros y bombarderos de reconocimiento. Trump observó la transmisión en vivo desde Mar-a-Lago, rodeado de asesores. “He hecho algunas bastante buenas, pero nunca había visto algo así”, declaró tras la conclusión del operativo.
Maduro fue trasladado con los ojos vendados a bordo del buque USS Iwo Jima, rumbo a Estados Unidos bajo custodia militar. Su esposa, Cilia Flores, también fue capturada. Ahora enfrentan acusaciones ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los foros más duros del mundo para procesar crimen organizado transnacional. Los cargos van más allá del perfil genérico de narcotraficante.
La fiscal general Pam Bondi presentó una acusación sustitutiva de 25 páginas que vincula explícitamente a Maduro con el Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que opera en 16 estados estadounidenses. Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como líder del Tren de Aragua, aparece como coacusado, acusado de colaborar directamente con funcionarios venezolanos para proporcionar seguridad y logística armada a envíos de droga.
La narrativa detrás de la captura de Maduro
Bondi describió a Maduro como alguien que utiliza “organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traer drogas y violencia” a territorio estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional reporta aproximadamente 100 investigaciones federales en curso vinculadas al Tren de Aragua, con más de 50 detenciones y condenas. Ciudades como Aurora, Colorado, que concentra unos 30,000 venezolanos, se han visto afectadas por actividades del grupo: robos, extorsiones, violencia. Trump utilizó estos episodios para justificar tanto operaciones militares como redadas migratorias bajo la doctrina de “amenaza a la seguridad interna”.
Esta vinculación específica entre Maduro y el Tren de Aragua fue clave para la narrativa de Trump. Ya se trata de un presidente que dirige personalmente una invasión criminal organizada de ciudades estadounidenses, según la versión oficial. La DEA incautó 30 toneladas de narcóticos en 2025 que, según la acusación, tenían vínculos documentales con Maduro. Washington identifica al dictador venezolano como líder principal del denominado “Cártel de los Soles”, una red transnacional de narcotráfico que operó bajo protección estatal desde el Palacio de Miraflores. Los documentos judiciales describen una estructura con secciones especializadas para cocaína, armas y dinero, coordinadas por el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.
La acusación detalla que México funcionó como espacio de operación logística, además de territorio de tránsito. El Cártel de Sinaloa y Los Zetas aparecen como socios operacionales en la distribución de cocaína venezolana. Diosdado Cabello, Ministro del Interior y uno de los funcionarios más poderosos del chavismo, presuntamente trabajó con estos carteles entre 2003 y 2011 para enviar contenedores marítimos con cargamentos de cinco a veinte toneladas de cocaína desde Venezuela hacia puertos mexicanos, desde donde se distribuían hacia el norte.
Entre 2006 y 2008, Maduro, entonces Ministro de Relaciones Exteriores, utilizaba pasaportes diplomáticos y cobertura oficial para que aviones privados repatriaran dinero en efectivo desde México hacia Venezuela, evitando inspecciones. Se filtraban “advertencias” a través de la embajada anunciando la llegada de una “misión diplomática”. La red pagó sobornos estimados en 2.5 millones de dólares a Cabello para evitar represalias tras incautaciones fallidas.
Todo esto son versiones del asunto no comprobadas aún.
Captura de Maduro: el papel de Marcos Rubio en la estructura de la operación
La arquitectura política de la operación fue liderada por un núcleo de halcones internacionalistas que veían en Maduro tanto una amenaza de seguridad como una oportunidad económica. Marco Rubio, como Secretario de Estado, fue el arquitecto político clave, aunque su papel fue más cerebral que operativo-militar, según describen medios importantes.
Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la operación “fue impulsada claramente por Rubio”, quien argumentó tres pilares: interés económico por el petróleo venezolano, necesidad de sacar a China y Rusia del “patio trasero” estadounidense, y beneficio político con votantes hispanos marcados por regímenes autoritarios.
En la conferencia de prensa posterior al ataque, Rubio subrayó que se trataba “en esencia” de una operación de aplicación de la ley para arrestar a dos acusados por crímenes federales, apoyada por el aparato militar como medida de seguridad. Describió a Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense” acusado desde 2020, jamás como un presidente legítimo.
Rubio admitió públicamente que el Congreso estadounidense fue informado después de iniciada la operación y defendió esa decisión alegando que cualquier filtración podía cambiar “drásticamente” el resultado. Caracterizó la misión como “disparador-dependiente” y se alineó con Trump en la crítica de que el Congreso “tiende a filtrar”, un argumento que refuerza el modelo presidencialista de decisiones en seguridad externa.
Tras la captura, Rubio lanzó advertencias públicas al régimen cubano, diciendo que debería “estar preocupado” y calificando a Cuba como “un desastre gobernado por hombres seniles”. El precedente venezolano podría extenderse a otros aliados de Caracas, marcando el tono para futuras intervenciones bajo la administración Trump.
Captura de Maduro: intenciones de Estados Unidos
Mientras se ejecutaba la operación contra Maduro, filtros indican que el equipo de Trump ya había iniciado contactos con figuras del chavismo como Delcy Rodríguez, quien “se puso a la orden” de Washington. Esto revela la lógica estratégica real: Washington prioriza un pacto con sectores del régimen capaces de garantizar gobernabilidad y contratos, por encima de la oposición histórica.
Cuando se le preguntó sobre los costos de mantener una presencia militar y administrativa en Venezuela, Trump respondió explícitamente: “Esto no nos costará nada, porque los ingresos que salen del suelo son bastante sustanciales”. Esta frase encapsula la doctrina Trump para Venezuela: la ocupación se autopagará a través de ingresos petroleros, eliminando la carga fiscal para contribuyentes estadounidenses y transformando la intervención en una operación de cobro de activos bajo disfraz de liberación.
Trump ha construido una narrativa histórica según la cual Venezuela “robó” campos petroleros que eran “nuestros” por la nacionalización de la industria bajo Chávez. Ahora habla abiertamente de “recuperarlos”. Subraya que Venezuela produce “mucho menos petróleo del que podría”: la producción ha caído de 3.2 millones de barriles diarios en 1998 a menos de 700,000 en 2025. Afirma que “nuestras empresas petroleras, las más grandes del mundo, van a ayudar a ponerlo a producir”, insertando la intervención en la lógica America First: asegurar energía barata y bajo control estadounidense. Ya ha comenzado a negociar con petroleras estadounidenses como Chevron y ExxonMobil sobre retorno a operaciones en Venezuela bajo nuevas concesiones.
Pero el interés estadounidense va más allá del petróleo. Venezuela posee reservas estimadas en 7,000 a 10,000 toneladas de oro en el Arco Minero del Orinoco, además de coltán (columbita-tantalita) esencial para electrónica de defensa, hierro, cobre, bauxita y diamantes. Todos estos recursos son críticos para la cadena de suministro de defensa estadounidense. El dispositivo militar abre la puerta a una recolonización económica bajo discurso de democracia y lucha antidrogas.
Captura de Maduro: ¿y María Corina Machado?
En una rueda de prensa, Trump afirmó que María Corina Machado “carece del apoyo y el respeto dentro del país necesarios para liderar Venezuela” y que sería “muy difícil” que presidiera la transición. Esta descalificación rompe con años de narrativa estadounidense donde Washington la presentaba como rostro legítimo de la oposición democrática. Es especialmente significativa porque llega justo después de que Machado ganara el Nobel de la Paz en octubre de 2025 y llamara públicamente a una transición democrática liderada por actores venezolanos.
Si la prioridad fuera realmente una transición democrática liderada por la oposición, lo lógico habría sido respaldar a Machado, la figura con más visibilidad internacional y capital simbólico tras el Nobel. En cambio, Trump la invalida como futura presidenta y deja en el aire quién gobernará, mientras enfatiza obsesivamente que Estados Unidos se encargará de dirigir el país y de “poner a producir” el petróleo con sus propias empresas.
Cuando Machado ganó el Nobel en octubre de 2025, la Casa Blanca de Trump criticó al Comité Noruego por “priorizar la política sobre la paz”. Trump ve el Nobel como una jugada del “establishment globalista” europeo que él detesta. Al descartarla ahora, se aparta de la figura que fuerzas multilaterales europeas intentaban posicionar como líder legítimo, algo que choca frontalmente con el plan de “America First” de diseñar la transición desde Washington sin intermediarios. Para el trumpismo, el Nobel es un estigma: evidencia de que fuerzas multilaterales intentaban imponer un liderazgo “globalista” en Venezuela.
La descalificación pública de Machado manda dos mensajes simultáneos: hacia adentro de Venezuela, que el árbitro real de la transición es Washington, jamás los venezolanos; hacia las élites chavistas, que Estados Unidos está dispuesto a negociar con figuras del propio régimen antes que con una opositora que carece de control sobre la Fuerza Armada y que defendería soberanía sobre recursos. Una líder con legitimidad social y agenda propia como Machado es un actor incómodo: imposibilita garantizar estabilidad rápida y defendería soberanía sobre recursos, lo que choca con la visión de “administración” estadounidense.
Trump repite la idea de que Estados Unidos va a “dirigir” Venezuela “hasta que haya una transición segura, adecuada y juiciosa”, sin plazos ni hoja de ruta clara, lo que de facto plantea un protectorado temporal indefinido. Esto abre la puerta a un escenario donde la “transición” puede durar meses, años, o indefinidamente, mientras Estados Unidos consolida control sobre instituciones y recursos, establece un gobierno de facto con participación estadounidense directa, y negocia contratos de largo plazo con empresas estadounidenses antes de cualquier elección.
Captura de Maduro: el dictador facilitó todo
Maduro le regaló a Estados Unidos el caso perfecto para hacer lo que siempre ha sabido hacer, intervenir, y vestirlo además con una narrativa jurídicamente “vendible” (narcotráfico, terrorismo, crisis regional), aunque siga siendo muy discutible en términos de derecho internacional. La combinación “dictador impresentable + expediente penal grueso + colapso humanitario” es la materia prima ideal para que Washington active su reflejo histórico de policía hemisférico. Y lo que hace este caso particularmente instructivo es que Maduro es coautor del contexto que lo vuelve “intervenible”.
Años de represión, destrucción institucional, control del árbitro electoral y manipulación de comicios dejaron a Maduro con casi nula legitimidad democrática ante buena parte del mundo, incluso ante gobiernos nada pro Washington. La crisis económica y humanitaria expulsó a millones de personas y desbordó a los países vecinos, que llevan tiempo calificando la situación como “amenaza regional”.
Desde el siglo XIX, Washington ha intervenido militarmente en América Latina bajo etiquetas cambiantes: “civilización”, “protección de ciudadanos”, “anticomunismo”, “guerra contra las drogas” o “lucha contra el terrorismo”. La operación contra Maduro recicla ese patrón con un ropaje actualizado: guerra al narcoterrorismo + defensa de la democracia + protección de la seguridad regional, pero el resultado práctico se parece mucho a intervenciones anteriores.
El chavismo le entregó a Washington el caso perfecto, y Washington respondió con el guion que mejor conoce. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez: Maduro fabricó los argumentos, pero eso jamás hace menos problemática ni menos peligrosa la forma en que Estados Unidos decidió aprovecharlos. La distinción importa porque aceptar que un régimen es criminal no equivale a conceder que cualquier método para derrocarlo es legítimo.
Venezuela termina siendo el laboratorio donde convergen dos tradiciones largas y problemáticas: el autoritarismo destructivo del chavismo y el intervencionismo armado estadounidense. Que ambas tradiciones se encuentren y se retroalimenten revela algo incómodo sobre la política hemisférica: el colapso de un régimen puede ser el mejor aliado de quienes siempre esperaron una oportunidad para intervenir. Maduro construyó esa oportunidad meticulosamente, durante años, sin saberlo o sin importarle. Estados Unidos la aprovechó con la precisión de quien ha ensayado este operativo, bajo distintos nombres y distintas justificaciones, durante más de un siglo.
Captura de Maduro: las reglas del juego son las de casa
Que Maduro sea juzgado en Nueva York significa tres cosas a la vez: que Estados Unidos lo trata como un acusado penal común en su territorio; que ignora en la práctica su condición de jefe de Estado, rompiendo con derecho internacional tradicional; que el juicio se convierte en un escenario político global controlado completamente por la justicia estadounidense.
Es un salto enorme: de presidente (ilégitimo sí, pero a ojos de la política internacional presidente a fin de cuentas) de un país soberano a imputado por narcoterrorismo ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los foros más duros y mediáticos del mundo para crimen organizado transnacional.
La fiscal general Pam Bondi dejó claro que el proceso se hará “en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”, bajo reglas de procedimiento penal federal, con jurado, fiscalía y defensa, como cualquier otro gran caso de narco. Para poder juzgarlo de esta forma, Estados Unidos asume de facto que Maduro carece de inmunidad de jefe de Estado, porque Washington rechaza reconocer su presidencia como legítima. Esa es una ruptura clara con la práctica tradicional del derecho internacional, que protege a los jefes de Estado de procesos penales en tribunales extranjeros mientras están en funciones.
El caso más cercano es el de Manuel Noriega, capturado en Panamá en 1989 tras una invasión estadounidense y juzgado como narcotraficante en un tribunal federal estadounidense. Como entonces, los expertos señalan que los tribunales probablemente rechazarán anular el proceso contra Maduro aunque la captura haya violado principios del derecho internacional y la Carta de la ONU.
Para muchos venezolanos opositores, que el juicio sea en Nueva York garantiza aparentemente más independencia que cualquier tribunal controlado por el chavismo remanente. Pero también confirma que el destino del dictador se decidirá lejos del país y de sus propias instituciones. Para el sistema internacional, fija un nuevo nivel de intromisión. Varios analistas describen esto como un parteaguas en la práctica del derecho internacional. Para Trump y su gobierno, el juicio es la pieza central del relato: podrán exhibir pruebas, testigos y sentencias para justificar retrospectivamente la operación militar, incluso si esta fue jurídicamente cuestionable desde la óptica de la Carta de la ONU.
Captura de Maduro: ¿jurisdicción universal o poder imperial?
La captura y enjuiciamiento de Maduro fuera de Venezuela afecta el principio de jurisdicción universal de forma ambigua y, en cierto sentido, distorsionada. La jurisdicción universal, concebida tras Núremberg, permite que los tribunales de cualquier Estado investiguen y juzguen ciertos crímenes particularmente graves (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura), aunque se hayan cometido fuera de su territorio y aunque ni víctimas ni acusados sean nacionales del Estado que juzga. La lógica es que esos delitos afectan a la comunidad internacional en su conjunto, de modo que cualquier Estado puede actuar como “delegado” de esa comunidad.
Lo que hace Estados Unidos con Maduro difiere de jurisdicción universal pura. Los cargos centrales contra Maduro en Nueva York giran en torno a narcoterrorismo, conspiración para enviar cocaína a territorio estadounidense y uso de armas contra la seguridad de Estados Unidos; es decir, delitos anclados en leyes penales federales que se aplican porque el supuesto daño se proyecta hacia Estados Unidos, jamás simplemente porque se trate de crímenes contra la humanidad “erga omnes” (contra todos).
Washington invoca una combinación de jurisdicción territorial y de efectos (drogas destinadas a Estados Unidos) y jurisdicción personal activa/pasiva (nacionales afectados, seguridad nacional). El elemento problemático es el método: captura mediante operación militar en otro Estado soberano, sin su consentimiento ni mandato de la ONU, lo que choca con la prohibición del uso de la fuerza y con la inmunidad clásica de un jefe de Estado frente a tribunales extranjeros.
Por un lado, la existencia de informes de la ONU, causas abiertas en otros países como investigaciones en Argentina bajo jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y expedientes ante la Corte Penal Internacional apuntaba a un modelo de rendición de cuentas más cercano al ideal de justicia universal: jueces nacionales o internacionales actuando con base en normas comunes, jamás en la ley del más fuerte.
La decisión de Estados Unidos de traer a Maduro a Nueva York por la vía de las armas, sin extradición ni cooperación judicial, manda otro mensaje: si una potencia tiene interés y capacidad, ejecuta por la fuerza su propia versión de “jurisdicción global”, sin esperar a la lenta arquitectura de la justicia internacional.
Eso alimenta el discurso de quienes ya recelan del principio de jurisdicción universal, porque temen que se convierta en coartada para intervenciones selectivas: la frontera entre “juzgar crímenes universales” y a su vez “imponer mi jurisdicción al resto del mundo” se vuelve borrosa.
El derecho internacional tradicional reconoce inmunidad penal personal a los jefes de Estado frente a tribunales de otros Estados mientras están en funciones. Esa inmunidad solo se ha relativizado de forma clara ante tribunales internacionales (Núremberg, tribunales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, Corte Penal Internacional) o tras dejar el cargo. Al llevar por la fuerza a un presidente en ejercicio ante un tribunal nacional y tratarlo como un acusado ordinario, Estados Unidos introduce un precedente de hecho: si puedo capturarte, puedo juzgarte, aunque carezca de consenso internacional en que tu inmunidad haya desaparecido.
Esto tensiona directamente los debates en marcha sobre hasta dónde llega la jurisdicción universal frente a la inmunidad de altos cargos: refuerza la tesis maximalista (nadie está por encima de la ley) pero en la práctica bajo control unilateral de la potencia que captura, jamás de un órgano internacional imparcial.
Captura de Maduro: marcando un peligroso precedente
La captura y enjuiciamiento de Maduro fuera de Venezuela prueban que la inmunidad del poder tiene grietas, pero el modo en que se ha roto esa inmunidad —a bombazos y bajo bandera de un solo país— pone en cuestión si hablamos de justicia universal o de jurisdicción imperial disfrazada. La operación muestra que es posible juzgar a un jefe de Estado por crímenes graves fuera de su país, pero lo hace de un modo que debilita la idea de que esa potestad debe ejercerse en nombre de la comunidad internacional y dentro del marco de la Carta de la ONU.
A futuro, este caso puede ser usado de dos maneras opuestas: como argumento para decir “nadie es intocable”, lo que anima a más jueces a usar jurisdicción universal contra crímenes atroces; o como ejemplo de por qué muchos Estados temen la jurisdicción universal, viéndola como herramienta que las potencias pueden instrumentalizar para legitimar intervenciones o procesos selectivos.
Tras la captura, Estados Unidos afirma que asumirá una especie de tutela temporal sobre Venezuela “hasta que haya una transición adecuada”, pero aún está por verse qué formato político tendría esa transición, quién gobernará de facto dentro del país, cuál es el cronograma, y qué ocurre con las Fuerzas Armadas venezolanas. La situación en terreno es confusa: se reportan explosiones, columnas de humo, vuelos de aeronaves a baja altura, disturbios y celebraciones en sectores opositores, mientras se desconoce la cohesión y lealtad de las fuerzas armadas venezolanas restantes.
Captura de Maduro: años de inacción de la ONU
La captura militar de Maduro por Estados Unidos expone un vacío fundamental en la arquitectura de la gobernanza global: la ONU documentó exhaustivamente los crímenes de Maduro pero fue estructuralmente incapaz de actuar.
Durante una década, misiones independientes de la ONU acumularon evidencia de crímenes de lesa humanidad—tortura sistemática, desapariciones forzadas, represión política, muertes de detenidos—pero la organización se mantuvo paralizada. En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos concluyó que había crímenes de lesa humanidad perpetrados por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios; desde entonces, la ONU abrió investigaciones, emitió informes devastadores, y llamó a la liberación de detenidos arbitrarios. Pero nada de esto frenó la represión.
Cuando las elecciones de julio de 2024 fueron fraudulentas, la ONU lo documentó formalmente: un panel de expertos declaró que “la falta de resultados detallados no tiene precedentes” y que Venezuela “carecía de integridad y transparencia básicas”; el Comité de Derechos Humanos abrió un caso de investigación.
Aun así, Maduro continuó gobernando. La razón es estructural: el Consejo de Seguridad, el único órgano de la ONU con poder vinculante, está bloqueado por Rusia y China, quienes tienen derecho de veto y son aliados de Maduro. Cada resolución estadounidense para sancionar, investigar o intervenir en Venezuela fue vetada por Moscú y Pekín, reduciendo a la ONU a un productor de informes impotentes.
Estados Unidos pudo actuar militarmente alegando fracaso institucional de la ONU, precisamente porque la ONU falló en contener esa potencia. De esta forma, la inacción durante años no llevó a una solución institucional, sino que legitimó una intervención unilateral fuera de la ley internacional—una lección peligrosa que otros Estados autoritarios observarán.
Captura de Maduro: escenario
Lo que queda claro es que la operación “Resolución Absoluta” marca un antes y un después en las relaciones hemisféricas. Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza militar directa para extraer a un jefe de Estado que considera ilegítimo, procesarlo en sus tribunales bajo cargos federales de narcotráfico, y asumir control temporal sobre los recursos de ese país mientras diseña una transición política a su medida. La arquitectura jurídica internacional que protegía la soberanía de los Estados y la inmunidad de sus líderes ha sido perforada de facto por la acción unilateral de una potencia que ya decide cuándo aplicar la ley y cuándo aplicar la fuerza.
Para América Latina, el mensaje es inequívoco: la era del intervencionismo armado jamás terminó, simplemente estuvo en pausa.
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Arquitecto, profesor y escritor, fundador de Fdh Journal. Dedicado al análisis político, deporte, cultura y filosofía práctica. Promotor de la consigna “pensar como entretenimiento”.
