Washington intensifica su ofensiva militar y económica contra el régimen de Maduro con un ultimátum de ataques en territorio venezolano que podría reconfigurar el mapa geopolítico de América Latina.
Escalada Estados Unidos-Venezuela
La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa su momento más crítico en años. Más de cien días después de desplegar un dispositivo naval sin precedentes en el Caribe, la administración Trump ha escalado dramáticamente su presión contra el régimen de Nicolás Maduro. La evolución de la tensión pasa de ataques marítimos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico a la amenaza explícita de operaciones terrestres en territorio venezolano y, potencialmente, en otros países de la región involucrados en rutas del narcotráfico.
No hay ruptura formal de relaciones diplomáticas, pero el margen para una salida negociada se ha estrechado hasta casi desaparecer. El escenario dominante es el de “máxima presión” con riesgo creciente de incidentes militares que podrían desestabilizar toda la región.
De la negociación secreta al ultimátum: diálogo roto entre Estados Unidos y Maduro
A comienzos de 2025 aún existía un canal político activo. Washington nombró a Richard Grenell como enviado especial e inició conversaciones discretas con altos funcionarios del gobierno venezolano para explorar canjes humanitarios y escenarios de transición. Hubo intentos discretos de negociación que incluyeron el uso de mediadores como Catar y propuestas de transición política sin Maduro, buscando una salida pactada que permitiera cambios en la cúpula del chavismo sin recurrir a la fuerza.
En paralelo a estas conversaciones, Trump declaró “organizaciones terroristas” a varios cárteles latinoamericanos y comenzó a construir el marco legal para usar fuerza militar contra redes de narcotráfico que, según Washington, están directamente vinculadas al aparato de seguridad venezolano y al propio régimen. Esta doble vía —negociación discreta y preparación militar— caracterizó los primeros meses del año.
En agosto, la Casa Blanca dio un giro radical que marcó el fin de la fase diplomática. Ofreció públicamente una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera al arresto de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, una estructura que supuestamente involucra a altos mandos militares y de seguridad venezolanos en el narcotráfico internacional.
Según varias crónicas de fuentes diplomáticas, en esas mismas fechas Trump trasladó personalmente a Maduro un ultimátum verbal extraordinariamente directo: que abandonara el país con su familia antes de finales de noviembre a cambio de garantías de seguridad y probablemente de inmunidad legal. El dictador venezolano rechazó la propuesta.
Ante la falta de concesiones sustantivas del chavismo y el rechazo frontal de Maduro a cualquier escenario de salida, la Casa Blanca suspendió definitivamente los canales de negociación en octubre. Desde ese momento, la estrategia estadounidense se enfocó exclusivamente en la presión militar y económica máxima.
Operación Lanza del Sur: anatomía de una ofensiva sin precedentes
Desde finales de agosto de 2025, Estados Unidos desplegó un gran dispositivo naval en el sur del Caribe, oficialmente dirigido contra el narcotráfico pero con Venezuela como foco central indiscutible. Muchos analistas lo interpretan como una ofensiva diseñada para forzar cambios en la cúpula del chavismo mediante presión militar sostenida.
El despliegue inicial incluyó el portaaviones USS Gerald Ford, un símbolo de poder militar estadounidense raramente enviado a aguas caribeñas. A partir del 2 de septiembre comenzaron los primeros ataques aéreos contra embarcaciones que Washington describe como “narcolanchas” vinculadas al Tren de Aragua y otras estructuras criminales. Desde entonces, la operación conocida como “Lanza del Sur” ha hundido al menos una veintena de embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental.
Las cifras oficiales reconocidas por el propio gobierno estadounidense hablan de más de 80 muertos en estas operaciones marítimas. Las acciones han generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos de la región por lo que consideran posibles ejecuciones extrajudiciales, ya que en muchos casos las embarcaciones fueron atacadas sin advertencia previa y sin intentos de captura.
El despliegue militar se ha ampliado progresivamente hasta convertirse en una de las mayores concentraciones de fuerza naval estadounidense en la región en décadas. Actualmente incluye un portaaviones nuclear, varios destructores de última generación, aeronaves de combate, unidades de operaciones especiales y aproximadamente 10.000 soldados desplegados en la zona. Esto ha convertido al Caribe en un auténtico teatro de operaciones de alta intensidad, aunque sin declaración formal de guerra.
El bloqueo aéreo: Estados Unidos cierra el cielo de Venezuela
A finales de noviembre, Washington dio otro paso decisivo en la escalada al decretar el cierre total del espacio aéreo venezolano para aerolíneas bajo su jurisdicción. La medida, que Caracas denuncia como un bloqueo aéreo encubierto, ha aislado aún más al país y afectado gravemente los vuelos comerciales y humanitarios, complicando incluso las operaciones de organizaciones internacionales.
Además del cierre del espacio aéreo comercial, se han registrado vuelos regulares de bombarderos estratégicos B-52, aeronaves capaces de realizar ataques de precisión a gran distancia, junto con un incremento notable de patrullas aéreas cerca de la costa occidental venezolana. Estos vuelos son utilizados como instrumento de presión psicológica y demostración de fuerza, enviando un mensaje claro sobre las capacidades militares que Washington está dispuesto a desplegar.
La combinación del bloqueo naval, el cierre del espacio aéreo y la presencia constante de aeronaves militares ha creado lo que algunos expertos describen como un “cerco tridimensional” sobre Venezuela, limitando severamente la movilidad del régimen y sus opciones de maniobra.
La amenaza de operaciones terrestres: el siguiente escalón
Más de cien días después del inicio de las operaciones navales, Trump ha dado el salto retórico más significativo. Ha comunicado públicamente que, tras considerar “exitosas” las intervenciones en el mar, el siguiente paso será capturar a narcotraficantes “en tierra” dentro de Venezuela, en el marco de la misma operación antinarcóticos. La amenaza se extiende también a “cualquier país de la región” que, según Washington, permita el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha generado alarma en varias capitales latinoamericanas.
No se han hecho públicos planes operativos detallados, pero funcionarios de la administración estadounidense hablan de forma recurrente de comandos o golpes selectivos contra infraestructuras logísticas, pistas de aterrizaje clandestinas, laboratorios de procesamiento de drogas y mandos vinculados al Cartel de los Soles y otras redes criminales. El discurso oficial enfatiza que se tratará de operaciones quirúrgicas y limitadas, más que de una invasión convencional de ocupación territorial.
Expertos militares consultados coinciden en que una ocupación prolongada del territorio venezolano elevaría exponencialmente el costo político interno para la administración Trump, generaría rechazo masivo en América Latina y enfrentaría el riesgo muy real de una guerra irregular prolongada. Venezuela tiene una población de casi 30 millones de habitantes, una geografía compleja y fuerzas armadas que, aunque debilitadas, siguen contando con alrededor de 120.000 efectivos regulares más milicias civiles armadas.
Por ello, el escenario más verosímil que barajan los analistas no es una invasión clásica al estilo de Irak, sino un patrón de ataques limitados y operaciones encubiertas diseñadas para desestabilizar al régimen, eliminar capacidades específicas vinculadas al narcotráfico y fragmentar la coalición de poder chavista desde dentro, generando fisuras en la cúpula militar y política.
Estados Unidos decidido a estrangular los ingresos del régimen de Venezuela
La presión militar se ha complementado con un endurecimiento progresivo del régimen de sanciones económicas. Washington ha revertido las licencias petroleras que había concedido temporalmente en 2023 como incentivo para la apertura democrática, volviendo a la política de máxima restricción sobre la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos del régimen.
Además, la administración Trump ha anunciado la imposición de aranceles punitivos a cualquier comprador de crudo venezolano, buscando cortar de raíz los flujos de efectivo que sostienen al gobierno de Maduro. Esta medida apunta especialmente a empresas chinas e indias que han continuado comprando petróleo venezolano a precios con descuento, aprovechando la desesperación del régimen por generar divisas.
En los últimos días se sumó una ronda de sanciones específicamente dirigida a figuras y empresas vinculadas al Tren de Aragua, la organización criminal transnacional a la que Estados Unidos asocia directamente con sectores del chavismo. Estas sanciones incluyen congelamiento de activos, prohibición de transacciones con el sistema financiero estadounidense y restricciones de viaje, ampliando significativamente el alcance de las medidas financieras más allá de los funcionarios tradicionales del régimen.
El objetivo declarado es ahogar los ingresos del régimen hasta el punto en que sectores pragmáticos dentro del chavismo —especialmente mandos militares preocupados por su futuro— consideren seriamente una salida negociada que implique el reemplazo de Maduro y cambios sustanciales en la cúpula de poder.
Maduro se atrinchera: entre el desafío y el bunker
El dictador Nicolás Maduro ha respondido a la escalada combinando gestos de desafío público con medidas concretas de protección personal que revelan la seriedad y el temor de la amenaza que percibe. Ha reforzado significativamente su dispositivo de seguridad, cambiado rutinas de movimiento para evitar patrones predecibles y reducido al mínimo sus apariciones públicas sin control militar absoluto del perímetro.
En el plano retórico, ha endurecido su discurso, denunciando repetidamente un plan estadounidense de “cambio de régimen” similar a los implementados en otros países durante décadas y movilizando a centenares de miles de militares y milicianos en demostraciones de fuerza destinadas tanto a la audiencia doméstica como a Washington.
Además, Venezuela (su cúpula chavista) ha llevado su denuncia al plano internacional, presentando ante la Corte Penal Internacional acusaciones de que el despliegue estadounidense constituye una amenaza directa e ilegal a su soberanía, violando principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. También ha buscado apoyo en foros multilaterales y aliados como Rusia, China, Irán y Cuba, aunque con resultados limitados en términos de respaldo concreto.
El discurso interno del régimen se ha centrado cada vez más en la narrativa de “defensa de la patria ante una agresión imperialista”, misma retórica vomitiva propia de estas dictaduras con mucha carga psicopolítica como herramienta de control. Maduro ha buscado movilizar el sentimiento nacionalista y generar cohesión en torno a su figura como símbolo de resistencia, una estrategia que históricamente ha funcionado para regímenes autoritarios bajo presión externa.
El bloque del rechazo frontal en la escalada Estados Unidos-Venezuela
Brasil, México y Colombia se han posicionado en el grupo de rechazo frontal a cualquier intervención militar unilateral. Estos tres países, que representan más del 60% de la población y el PIB de América Latina, han invocado la cláusula de “Zona de Paz” consagrada en declaraciones regionales y el principio de no intervención establecido en la Carta de la OEA.
Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, la presidenta Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro (el más imprudente de los tres) en Colombia han señalado que una solución militar impuesta desde el exterior violaría principios fundamentales del derecho internacional y establecería un precedente peligroso para toda la región.
Estos gobiernos están impulsando resoluciones de condena en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y preparando iniciativas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Presionan además para que cualquier transición en Venezuela sea el resultado de negociaciones políticas incluyentes, no de una imposición militar que podría desencadenar una crisis humanitaria y migratoria de proporciones impredecibles. El escenario es un tanto turbio y con aire de hipocresía y miedo ante el destape de negocios nada elegantes y legitimados.
Organismos regionales: parálisis institucional
La Organización de Estados Americanos (OEA) está ya profundamente dividida por el tema venezolano desde hace años. El organismo cuenta con un grupo de países que no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro desde las elecciones de 2018, mientras otro bloque defiende el principio de no intervención independientemente de las circunstancias internas de Venezuela.
Los expertos consultados coinciden en que la OEA sería incapaz de aprobar una resolución clara, ni para avalar ni para condenar formalmente un ataque estadounidense. El resultado más probable es un punto muerto diplomático con declaraciones contradictorias y abstenciones estratégicas que dejarían al organismo hemisférico en una posición de irrelevancia práctica.
En cambio, la CELAC —que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe— tendría mayores posibilidades de pronunciarse contra la intervención, dado que su composición incluye a Venezuela como miembro y a varios gobiernos que priorizan el discurso anti-intervencionista. La CELAC probablemente impulsaría llamados formales al cese de hostilidades y a la apertura de una negociación política sin condiciones previas.
UNASUR, el organismo sudamericano que estuvo prácticamente inactivo durante años, podría incluso reactivarse políticamente en este contexto como plataforma específica para coordinar la oposición regional a una intervención militar. Sin embargo, su capacidad de influir en decisiones estadounidenses sería limitada.
El riesgo del choque indirecto
Incluso sin participación directa de Colombia o Brasil, existe un riesgo significativo de lo que analistas militares llaman “escalada por arrastre” o conflicto indirecto. Grupos armados venezolanos —ya sean fuerzas regulares fragmentadas, milicias chavistas o estructuras criminales— podrían moverse a través de las fronteras en busca de refugio, reabastecimiento o para evadir persecución estadounidense.
Esto podría provocar escaramuzas con fuerzas militares colombianas o brasileñas, incidentes fronterizos que escalen por error de cálculo, o incluso ataques deliberados contra objetivos en territorio colombiano o brasileño por parte de grupos que perciban a estos países como cómplices de la agresión estadounidense.
Basta un incidente significativo —un bombardeo errado que cruce la frontera, un enfrentamiento entre patrullas, un ataque a una base militar fronteriza— para que Colombia o Brasil se vean arrastrados formalmente al conflicto, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad de toda Sudamérica.
Escenarios de corto plazo: el tablero en movimiento entre Estados Unidos y Venezuela
El escenario inmediato que enfrentan Venezuela, Estados Unidos y la región es de máxima incertidumbre y múltiples variables en juego simultáneamente. Analistas de seguridad, diplomáticos y expertos regionales coinciden en algunos elementos centrales pero difieren en cómo se combinaran estos factores en las próximas semanas y meses.
Invasión clásica: improbable pero no imposible
Existe consenso amplio en que una invasión convencional de gran escala —con desembarco de decenas de miles de soldados, ocupación de ciudades principales y establecimiento de un gobierno de transición bajo supervisión militar estadounidense— es el escenario menos probable.
Las razones son múltiples: el costo político interno para Trump sería altísimo, especialmente en un año preelectoral; el costo económico de una ocupación prolongada se mediría en cientos de miles de millones de dólares; el riesgo de bajas militares estadounidenses significativas es real; y la probabilidad de enfrentar una insurgencia prolongada en un país de casi 30 millones de habitantes con experiencia en guerra irregular es muy alta.
Sin embargo, varios expertos advierten que este escenario no puede descartarse completamente si se dan ciertas condiciones: un atentado espectacular contra intereses estadounidenses que pudiera atribuirse al régimen venezolano, una crisis humanitaria masiva que genere presión por intervención, o un cálculo político interno de Trump de que necesita una victoria militar clara para su campaña de reelección.
Ataques limitados y operaciones encubiertas: el escenario más verosímil
El consenso entre analistas apunta a un esquema de ataques puntuales, operaciones de fuerzas especiales y acciones encubiertas diseñadas para desestabilizar al régimen sin asumir los costos de una ocupación territorial.
Este patrón incluiría: ataques con drones o misiles contra objetivos específicos vinculados al narcotráfico (pistas clandestinas, laboratorios, depósitos); operaciones de comandos para capturar o eliminar figuras de alto valor del Cartel de los Soles; sabotaje de infraestructura petrolera para acelerar el colapso económico; operaciones psicológicas para generar deserciones en las Fuerzas Armadas venezolanas; y posible apoyo encubierto a facciones militares dispuestas a dar un golpe de Estado contra Maduro.
El objetivo de este enfoque no es derrotar militarmente a Venezuela en sentido tradicional, sino fragmentar la coalición de poder chavista desde dentro, generando fisuras entre militares, creando incentivos para que sectores pragmáticos negocien la salida de Maduro, y debilitando la capacidad del régimen de proyectar control sobre su territorio.
Presión económica como ariete principal
Independientemente de las operaciones militares, la presión económica seguirá siendo el instrumento principal de Washington para forzar cambios. El endurecimiento de sanciones, la persecución de flujos financieros del régimen, la imposición de costos a países que compren petróleo venezolano y el bloqueo efectivo de las exportaciones pueden estrangular los ingresos del gobierno hasta hacerlo insostenible.
Este enfoque tiene la ventaja de ser menos visible, generar menos rechazo internacional que operaciones militares directas, y potencialmente más efectivo en el mediano plazo para generar fracturas internas en el chavismo. Militares y funcionarios que vean sus cuentas bloqueadas, sus familias sin acceso a dólares y un futuro sin opciones de enriquecimiento podrían considerar seriamente negociar su propia salida.
El factor impredecible: error de cálculo y escalada no intencional
Quizás el riesgo más alto en el corto plazo no provenga de una decisión deliberada de invasión o ataque masivo, sino de errores de cálculo que desencadenen una escalada no intencional. Con miles de soldados estadounidenses en la región, decenas de aeronaves militares sobrevolando constantemente aguas y espacio aéreo cercanos a Venezuela, y fuerzas venezolanas en máxima alerta, las posibilidades de un incidente que se salga de control son significativas.
Un avión estadounidense derribado por defensas aéreas venezolanas, un intercambio de fuego entre patrulleras navales, un ataque que cause bajas civiles masivas y genere presión por respuesta, o incluso un incidente provocado deliberadamente por sectores radicales en cualquiera de los dos bandos podrían encender una espiral de acción-reacción difícil de contener.
La historia está llena de guerras que comenzaron por incidentes menores que ninguna de las partes buscaba realmente pero que, una vez iniciados, adquirieron momentum propio. El Golfo de Tonkin, el hundimiento del Maine, el asesinato del archiduque Francisco Fernando son ejemplos de cómo eventos pequeños pueden desencadenar conflictos mayores cuando las condiciones políticas y militares están preparadas para la escalada.
El Caribe como polvorín regional por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela
América Latina observa con creciente preocupación cómo el Caribe se transforma en un polvorín donde un chispazo podría encender un conflicto de consecuencias imprevisibles. La combinación de presión militar máxima, estrangulamiento económico, cierre diplomático y amenazas explícitas de ataques terrestres coloca a la región en su momento más peligroso en décadas.
El margen para una solución negociada existe teóricamente, pero se estrecha cada día. Washington busca empujar a sectores del chavismo a aceptar una salida que implique la remoción de Maduro y cambios profundos en la cúpula de poder. El régimen venezolano, por su parte, se atrinchera detrás del discurso nacionalista y la movilización militar, apostando a que Estados Unidos no se atreva finalmente a dar el paso de una intervención terrestre.
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